Cuando terminaba 2017 y parecía que las noticias políticas se tomarían vacaciones por algunas semanas, el Senado de la Provincia dio media sanción a la Ley de Agroquímicos, una deuda en materia legislativa que venía suscitando acalorados debates en los últimos años. La necesidad de contar con una normativa al respecto movilizó a distintos sectores y propició espacios de discusión que proponían nutrir al texto de variados aportes. El proyecto aprobado en la Cámara alta, sin embargo, dejó disconformes no sólo a grupos ambientalistas, sino también a senadores del oficialismo que argumentaron sus objeciones al adelantar su voto negativo.

La iniciativa fue aprobada y pasó a Diputados, que deberá este año hacer observaciones y modificaciones o votar el texto tal como salió del Senado.

El proyecto de Ley de Agroquímicos, llamado a ciencia cierta de “productos fitosanitarios”, desarmó la famosa grieta y tuvo entre sus defensores a legisladores del oficialismo y de la oposición. Si bien los senadores representan a los departamentos y sus ocupaciones poco tienen que ver con su idoneidad, un dato llama la atención a primera vista: la mayoría de los firmantes de la iniciativa son legisladores vinculados al agro, mientras que las objeciones vinieron de un profesional de la salud.

Los opositores Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay) vienen de ocupar cargos en entidades rurales, mientras que los oficialistas Aldo Ballestena (La Paz) y Mario Torres (Villaguay) tienen relación con la actividad por su profesión de médicos veterinarios. Los restantes son Daniel Olano (Islas) y el jefe de la bancada peronista Ángel Giano, uno de los coordinadores del debate y voceros de la ley.

La oposición más fuerte, en la vereda opuesta, estuvo a cargo del médico Héctor Blanco (Tala), quien viene alertando sobre las consecuencias de los agroquímicos en la salud y, además, previamente presentó un proyecto para prohibir el uso de glifosato en la provincia. "Estoy en contra de los agroquímicos. Desde mi profesión de médico siempre luché. Me ha tocado trabajar en centros de salud rurales, hospitales chicos, donde llega gente con erosiones cutáneas o problemas producidos por los agroquímicos", explicó el legislador en diálogo con este medio. Los otros críticos de la norma fueron Pablo Canali (Colón) y Lucas Larrarte (San Salvador), uno de los departamentos más afectados por los químicos.

Sin querer simplificar un tema tan complejo, es al menos necesario señalar que un proyecto de consenso debe conciliar la mirada productiva con la óptica sanitaria y la experiencia provincial, algo que evidentemente no ocurrió.

Seguramente en la elaboración de la iniciativa primaron las buenas intenciones y el argumento de que una provincia cuya economía está fuertemente vinculada a la actividad primaria no debe descuidar la producción agropecuaria. Esto último es cierto, aunque la salud es un derecho humano fundamental que está por encima de cualquier otro aspecto, más aún si se tienen en cuenta experiencias recientes como la de Basavilbaso o Santa Anita, donde la ciencia y la justicia confirmaron las peores presunciones.

Aún la normativa no fue aprobada y resta el debate en Diputados, donde podrán incorporarse nuevos aportes y revisarse algunos puntos polémicos del proyecto. La problemática ambiental, por este y otros temas, asoma nuevamente como uno de los temas relevantes para el año que acaba de comenzar.

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