Los partidos de oposición de Chileacordaron iniciar un proceso de acusación constitucional buscando destituir al presidente Sebastián Piñera, tras la publicación de los Pandora Papers que reveló negocios del mandatario en paraísos fiscales.

Sebastián Piñera, según Pandora Papers, habría participado en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato presidencial.

La bancada parlamentaria de la oposición realizó una conferencia de prensa en la sede de la cámara baja, en la que anunciaron que se agrupaban con el compromiso de presentar el proyecto acusatoriocontra el presidente la próxima semana.

El diputado Jaime Naranjo señaló que buscarán el juicio político al presidente "por infringir el principio de probidad y dañar el honor de la nación".

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Además, el diputado socialista señaló que toda la oposición apoya la iniciativa. Esto no es menor, ya que la oposición representa la mayoría en la cámara baja del Congreso. "Ya nuestros equipos jurídicos están trabajando en el libelo acusatorio”,dijo.

La implicancia de Piñera en Pandora Papers

La principal implicancia de Piñera en los Pandora Papers es la venta de la empresa minera Dominga. Dominga está ubicada en la región de Coquimbo, muy cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

La familia Piñera Morel era la mayor accionista de Dominga, y junto a Carlos Alberto Délano, sumaban más del 56% de la propiedad. En diciembre de 2010, Délano compró la participación de todos los otros socios en 152 millones de dólares.

Esta venta se hizo en Santiago de Chile, pero solo se adelantaron 14 millones de dólares. y el resto se pagó en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas en tres cuotas. La primer cuota fue de 106,8 millones de dólares, que se pagó en diciembre de 2010.

La segunda fue por 21 millones de dólares y se canceló el 18 de enero de 2011. Pero la parte donde se concentran todas las miradas es la tercer cuota, de 9,9 millones de dólares, que debía pagarse antes del 13 de diciembre de 2011.

Esta última cuota debía pagarse solo si el sector no se convertía en una zona de exclusión, en parque, o en una reserva nacional porque eso impediría el desarrollo del proyecto Dominga.

El problema es que dichas medidas dependían directamente de las decisiones del gobierno del propio Sebastián Piñera, configurando un escenario donde, el mandatario podría haber favorecido a su grupo familiar.

La defensa de Piñera

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El actual presidente compareció públicamente en La Casa de la Moneda de Chile y señaló que la decisión de la venta de Dominga no le fue consultada y que se realizó precisamente "para evitar cualquier conflicto de interés".

Además señaló que estos hechos no son una novedad, sino que fueron informados en todos los medios de comunicación en el 2017 y que hubo una investigación del Ministerio Público en ese mismo año, en la que la Fiscalía decidió "terminar con la causa porque la venta se ajustaba plenamente a derecho por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente por cualquier cargo por la mencionada operación".

Además, Piñera señaló que con la venta de Dominga se realizaron remesas a su empresa madre, con sede en Chile y que "se cumplió estrictamente con las reglas tributarias existentes en Chile".

Este conflicto explota en Chile en medio de un fuerte proceso de cambios. El presidente enfrenta esta situación complicada mientras se está redactando una nueva Constitución y poco antes de que se realicen las elecciones presidenciales el 21 de noviembre de este año.

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