La Municipalidad de Paraná decidió judicializar el conflicto del servicio de colectivos, paralizado desde el martes 6 por un conflicto gremial de los choferes, agremiados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas Ersa Urbano SA y Mariano Moreno SRL por la falta de pago de la actualización salarial de julio (un 20%) y el pago parcial del medio aguinaldo (adeudan el 80%), y pidió una medida extraordinaria: que se ordene de forma inmediata a la concesionaria Buses Paraná la restitución de la prestación.

Los abogados Walter Rolandelli, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Leonel Rodríguez y Guido Zufiaurre, todos apoderados del gobierno de la ciudad, acudieron con una medida autosatisfactiva ante la Cámara Contencioso Administrativa, que integran los jueces Gisela Schumacher, Hugo González Elías y Marcelo Baridón.

La presentación ante la Justicia de la Municipalidad de Paraná fue una medida autosatisfactiva, con el pedido expreso de que la Cámara Contencioso Administrativa ordene la restitución de forma inmediata del servicio de colectivos a partir de este domingo, se mande a secuestrar las unidades que se fueron supuestamente a Corrientes y que se resuelva inaudita parte, esto es sin dar intervención a la otra parte demandada, Buses Paraná.

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