Por octava vez, en el marco del 14° año de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, un proyecto para que las mujeres accedan al derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo fue ingresado al Congreso de la Nación.

No es un ocasión más, esta vez la noticia no pasó desapercibida como en otros años, cuando la entrada del expediente era motivo de alguna gacetilla aislada. Desde 2018, gracias al debate en el Congreso, pero principalmente a partir de la manifestación de millones de mujeres alrededor del país, la discusión por la posibilidad de que el aborto sea legal en el país es nuevamente un tema que se impone.

Porque es un problema sanitario y una deuda de la democracia, pero fundamentalmente porque es una realidad que miles de mujeres viven a diario, que cientos de ellas padecen y que a decenas lleva a la muerte en condiciones infrahumanas.

DATOS

Y para respaldar esto nada mejor que los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. En 2014, último año relevado en este punto, hubo en Argentina más de 47 mil hopitalizaciones por abortos complicados, de los cuales el 70% fueron realizados de manera insegura. En 2016, por otro lado, hubo 245 muertes maternas, 43 de ellas consecuencia de abortos, en su inmensa mayoría -31- inducidos-. Con una ley esos números se desplomarían, calculando como máximo tres muertes, con ejemplos cercanos que dan cuenta de que, incluso, puede desaparecer: en Uruguay, desde 2012, año que se legalizó el aborto, no ha muerto una sola mujer por la práctica.

Uno de los argumentos más escuchados en contra de la norma fueron los presuntos inmensos costos que acarrearía para la salud pública el hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo -IVE- se ejerza en hospitales públicos. Gravísimo desconocimiento de la realidad. En la actualidad el aborto clandestino le insume al Estado más de 4 mil millones de pesos, dado que miles de mujeres deben ser intervenidas por las consecuencias de la práctica en la ilegalidad. Con una ley de IVE ese número bajaría drásticamente: 678 millones de pesos, es decir, 3.400 millones de pesos menos que en la actualidad. Eso traería aparejado una caída drástica de hospitalizaciones: de 70 mil a poco más de 1400 -un 98%-. En definitiva, en un país donde el argumento es que el Estado "gasta mucho", el aborto legal hubiera implicado ahorro de fondos, de insumo medicinales, de camas en hospitales y de cobertura profesional.

En los países donde el aborto es una práctica segura, asumida por el Estado y con acompañamiento profesional, los resultados son incontrastables: no sólo se han desplomado las muertes, sino que las cantidades de abortos han disminuido fuertemente. Por el contrario, en los Estados restrictivos, como Argentina, los decesos son altos y la inseguridad es una constante.

Quizás no sea 2019 el mejor año para ilusionarse con una sanción definitiva en el Congreso. Es año electoral, todos los movimientos están calculados y seguramente se sesione poco y nada. Pero el próximo rompecabezas legislativo, una vez pasados los comicios, puede ilusionar con que la Marea Verde sea imparable, y se conquiste un derecho largamente postergado en nuestro país.

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