En el marco de una causa penal, el juez de Garantías y Transición N° 2, Ignacio Boris Telenta, emitió, a pedido del fiscal Facundo Álvarez, una orden de desalojo para varias familias que integran un mismo grupo y que habían usurpado un predio en calle Alsina y Federación de Gualeguaychú.

La orden judicial se realizó luego de un mes de espera para que estas familias pudieran organizarse y entregar el predio a quien lo reclama como su legítima propietaria.

Como los plazos se vencieron, la orden de desalojo se ejecutó ayer con las consecuencias sociales que esto implica, pero también ante la necesidad de que quien se ve perjudicado pueda recuperar el bien que se le ha arrebatado.

De hecho, la presunta perjudicada ya había tenido otros conflictos de similar naturaleza al verse despojada de otros terrenos a través de la maniobra de la usurpación. Con el espíritu de que prevalezca la paz social, a través de mediaciones, la propietaria accedió a vender esos lotes a un precio por demás irrisorio de acuerdo a los parámetros del mercado inmobiliario y en cómodas cuotas.

Pero, fuentes de la Fiscalía indicaron que la supuesta familia usurpadora nunca accedió a esa mediación y mantuvo siempre una actitud conflictiva. “Justamente, para evitar que queden en la calle se les dio un tiempo prudencial; pero cuando expiró, el juez ordenó el desalojo”, se aclaró.

También obra en el expediente judicial que en más de una oportunidad la Policía ha ido a constatar la cantidad de personas y grupo de edades que vivirían en ese predio usurpado y casi siempre se encontraban con las puertas con candados y sin moradores visibles.

Fuente: El Argentino

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