Vendedores ambulantes de tortas fritas, pastelitos, trapos de piso, garrapiñadas o girasoles; manteros que ofrecen medias, juguetes o artículos para celulares; albañiles, plomeros, limpiavidrios, trapitos, artesanos, empleadas domésticas y cortadores de pasto; jóvenes, hombres y mujeres que venden combos de pastas, empanadas, helado o pollos; los que comercializan todo lo que tienen a través de las redes sociales o en ferias americanas; pero también comerciantes que cobran más barato si se paga en efectivo y no emiten factura.

Todos ellos, y muchos ejemplos más, se la rebuscan para subsistir. Son parte de la gran masa de trabajadores de la informalidad que moviliza la economía del día a día, los que hacen circular el dinero y no lo guardan bajo el colchón o en plazos fijos. A todas estas familias, sean las más pobres o incluso las de clase media, la crisis económica y financiera que atraviesa el país las golpea fuerte y las obliga a buscar alternativas. En medio de la inflación que carcome los bolsillos, generar ingresos de manera rápida y por su propia cuenta es una imperiosa necesidad.

Cuanto más humildes son los hogares, el trabajo informal suele ser el sustento de por vida, más allá de la ayuda de los beneficios sociales. Pero cuanto más crítico se torna el escenario y los salarios pierden su capacidad de compra, hasta las familias con empleos formales se ven en esta encrucijada porque no les alcanza para llegar a fin de mes. Básicamente, deben dedicar más tiempo para "changuear" y ganarse unos pesos más, sea para pagar los servicios, la provista de alimentos, las deudas de la tarjeta o la cuota de la moto que compraron cuando la economía era otra. Recortar gastos, muchas veces, no alcanza.

Los miles despidos que se están produciendo en empresas u organismos públicos no son otra cosa que el traslado de la formalidad a la informalidad. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo -OIT- afirmó que la economía argentina seguirá en recesión este año y se incrementará el nivel de desempleo del 9,5% al 10%, lo que a su vez se traduce en un aumento del empleo informal. Según sus datos, el trabajo precario supera el 47% en nuestro país. En otras palabras, casi la mitad de la fuerza que tira del carro es en negro.

El Estado -en sus distintas jurisdicciones: nacional, provinciales y municipales- es el principal culpable de esta situación, y no sólo por las políticas macro que sucumben el país a esta realidad. Lo es por la falta de alternativas tangibles y sustentables en el tiempo para crear fuentes laborales, por la presión tributaria que asfixia a los pequeños y medianos eslabones de la economía y hasta por encubrir en sus propias oficinas a trabajadores precarizados que, como mucho, rinden cuentas con un monotributo.

A pesar de los intentos tibios del Gobierno nacional de aliviar las cargas patronales en determinados sectores productivos o proponer algunos incentivos con programas de transición hacia la formalidad, hoy en día son más los argentinos que pierden el trabajo que los que lo encuentran. En 2018, según el Ministerio de la Producción y Trabajo, fueron 191.300 las asalariados que dejaron de estar registrados. Son miles de personas que quedan a la deriva, no sólo por el salario que dejan de percibir, sino por todo lo que implica estar en regla: cobertura social, acceso al crédito, entre otros beneficios.

La crisis argentina vuelve a mostrar su peor cara, la de cientos de miles de argentinos que sufren día a día las consecuencias de las malas decisiones políticas, las que van en detrimento del pueblo. Y peor aún: mientras pululan en las calles hombres y mujeres con ansias de subsistir, la incertidumbre se hace carne por la falta de un rumbo claro. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. En un año de elecciones, será la democracia la que permitirá a cada uno, en su conciencia y con las opciones que se presenten, definir hacia dónde quiere ir.

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