Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y ahora a cargo de la flamante Fiscalía Anticorrupción, repasó con el programa televisivo Cuestión de fondo, por Canal Nueve Litoral, la marcha de las causas de corrupción que tramitan en la provincia.

“La tarea ha progresado y ha mejorado de manera muy relevante en los últimos años”, sostuvo. También anticipó qué estructura pretenden para el nuevo organismo y cuántos son los cargos que planean incorporar en el Presupuesto 2019. “Somos prudentes y pensamos en un crecimiento progresivo”, explicó.

-Desde que asumió como procuradora adjunta en 2011 hasta acá, ¿cuántas veces se sentó a hablar con el procurador García de la necesidad de hacer lo que se hizo y crear una Fiscalía Anticorrupción?

-Varias veces. Es una conversación que hemos tenido. Lo hemos charlado mucho incluso antes de que yo subiera a la Procuración.

-¿No había decisión política?

-La función de coordinación de investigación de causas de corrupción de la manda constitucional requería no sólo la creación del cargo genuino, sino esencialmente la decisión política de crear todo lo que complementa una investigación de corrupción, que es lo que sentimos que falta: los equipos técnicos que ayuden a estas investigaciones.

-¿Qué cambia en la práctica sin la estructura presupuestaria?

-Lo que implica esta asignación de funciones en mí es que enfoque más esfuerzo en la coordinación de este tipo de causas para trabajar en forma más unificada y en conjunto con los fiscales de cada circunscripción territorial. Esto estaba más desperdigado en los fiscales de cada departamento y se quiere disponer de todos los recursos disponibles.

-¿Por qué les cuesta tanto a los fiscales impulsar causas de oficio en función de lo que ven o leen?

-No creo que cueste. De hecho, de las 30 y pico de causas de corrupción que hay en Paraná debe haber más de 10 iniciadas de oficio esencialmente a partir de planteos mediáticos. Lo que sí hay que se muy prudentes con esto. En la prensa sale una enorme cantidad de información y cada cosa no puede provocar el inicio de una causa. Hemos iniciado causas de oficio no sólo en corrupción, sino en otras áreas, cuando encontramos información seria sobre algún tema, pero no podemos dejar que al Poder Judicial se lo use en trenzas y debates políticos. Otra cosa que ocurre es que frente a la noticia periodística un ciudadano se presenta con el recorte.

-¿Cuántos fiscales y peritos hay en Paraná?

-Aproximadamente somos 30 fiscales y hay dos contadores –uno con cargo de perito y otro de empleado- y tres informáticos en toda la provincia, cuya tarea incluye la pericia de celulares.

-¿Cómo piensan la estructura en función del presupuesto que tienen que elevar para un funcionamiento acorde el año que viene?

-Siendo prudentes, pensamos en un crecimiento progresivo. No es que vamos a pedir lo óptimo para el Presupuesto 2019. En este caso, sólo para anticorrupción, pediremos tres contadores y dos peritos informáticos.

-¿No es poco?

-Creemos que con eso podemos hacer un equipo interesante.

-¿Comprende a alguien mas el equipo?

-Nos faltaría un perito tasador para determinar crecimientos patrimoniales, pero mal que mal lo vamos supliendo con la asistencia de organismos públicos que tenemos a disposición.

-De 1 a 10, ¿qué puntaje le pondría a la tarea investigativa de los últimos años en materia de corrupción?

-La tarea ha progresado y ha mejorado de manera muy relevante. Ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, esencialmente a partir del cambio de sistema, que ha hecho que se aceleren los tiempos.

-¿No fue un error excluir a fiscales con experiencia y trayectoria como Santiago Brugo o Alejandro Cánepa, más allá del rol que se le asignó a cada uno?

-A Cánepa no decidimos excluirlo, sino que lo designó juez de cámara en función del orden de mérito.

-¿Esas cosas no se pueden pelear?

-La verdad es que también pensamos en que lo importante del sistema es que los mejores sean también jueces. No podemos decir nada cuando el STJ elige por el mejor puntaje, de acuerdo a lo que dispuso el Consejo de la Magistratura.

-La propuesta fue de la vocal Claudia Mizawak.

-Creo que sí.

-¿Por qué hay causas que avanzan mas que otras? La de Aguilera por ejemplo, desde la propuesta de juicio abreviado pasaron dos años.

-En esa causa no hubo una propuesta concreta de juicio abreviado ni hubo una negociación concreta, más allá de que cualquier imputado tiene esa posibilidad según lo establece el código. La causa se remitió a juicio el 1 de febrero de este año y tiene un caudal probatorio enorme. En el juicio abreviado al empresario Bustamante solamente los fiscales llevaron dos carritos con prueba documental. Dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal, la lectura y recopilación de esa prueba tiene tiempos.

-¿Considera que habrá juicio este año?

-Ojalá. Ahora nos encontramos con que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) dejó la fecha en suspenso a la espera de que se resuelvan los pedidos de desafuero de Urribarri y Báez.

Repaso

-Urribarri tiene 6 causas.

-Tiene la que va a juicio, la de enriquecimiento ilícito y tres que se están preparando para la remisión a juicio que tienen que ver con el financiamiento con dineros públicos de su candidatura a presidente. Si no se resuelven los desafueros, podemos avanzar respecto de los imputados que no tienen fueros. En la de enriquecimiento ilícito está la familia, que entendemos ha colaborado en el ocultamiento de los fondos. Estamos haciendo una investigación única para todos y hay que cerrar pruebas, hacer una pericia y pedir que justifiquen los bienes que tienen porque los patrimonios están muy entrelazados.

-Empieza el juicio contra Juan Canosa, ex presidente de Sidecreer.

-El viernes hay una audiencia para resolver la recusación del juez Cánepa por parte de la defensa de Canosa y el martes empieza el juicio. Se prevé que sea hasta el viernes, con posibilidad de continuar la semana siguiente.

-El ex ministro y diputado Pedro Báez también tiene varias causas.

-Tiene una por enriquecimiento ilícito y otras por su participación como ministro por el uso de fondos públicos para la campaña y en la de las imprentas de Aguilera.

-¿Hay elementos para imputar a allegados a Urribarri como el empresario Cardona Herreros?

-Se le requirió que nombre un defensor oficial en la causa de enriquecimiento ilícito y se le realizaron varios allanamientos.

-¿Hay alguna causa en la que esté involucrado Guillermo Smaldone?

-No tenemos en este momento ninguna causa.

-¿Se va a investigar el rol de los organismos de control?

-Habría que ver la posibilidad de imputar al presidente porque también hay personas con funciones específicas, ya que hay mucha delegación. Esto se verá cuando vayamos cerrando las causas de corrupción.

-Hay mucha demora respecto del diputado José Allende.

-Tiene una causa por enriquecimiento ilícito que tramita en el sistema residual. Estamos constantemente pidiendo pruebas y la causa está en etapa pericial. Viene demorada. Hemos tenido muchísimas dificultades en conseguir peritos y que los organismos realicen en tiempo oportuno medidas como pericias contables y tasaciones.

-¿Ve una mano negra de Allende?

-No podría decir eso.

-Hay una causa contra Martín Fernández, ex funcionario del Iapser.

-Es por enriquecimiento ilícito y la lleva Álvaro Piérola, fiscal coordinador en este momento. Se hizo una pericia a través del perito contable del STJ que está en etapa de revisión y análisis por parte de nuestro contador para tratar de encontrar algunas falencias.

-Está también la causa de la Cumbre del Mercosur y de los empresarios constructores.

-En esa causa estamos esperando que la perito del STJ nos dé fehca para realizar una pericia bastante simple que es lo único que queda antes de remitir a juicio. Creemos que hay prueba suficiente para llevar a juicio a los empresarios, sobre todo respecto a las obras de mejoramiento de la escuela Del Centenario y el centro cultural La Vieja Usina y las compras que se vincularon, donde encontramos enormes sobreprecios.

-Hay causas por sobreprecios en relación a los municipios de Larroque, Basavilbaso, Santa Elena…

-Sí, son dineros del Ministerio de Planificación que se usaban para viviendas y pavimentación. Hay también causas por obras en Seguí y Gualeguay. La más avanzada es la de Larroque, donde se realizó una audiencia de remisión a juicio semanas atrás, pero se anuló. Intervino ahí la empresa Oicsa, al igual que en Seguí, donde se está cerrando la investigación para remitir a juicio. Todas tienen la misma estructura: negociaciones incompatibles, sobreprecios exorbitantes y favorecimiento de empresas para ganar licitaciones.

-¿La causa contra Varisco por el aporte del municipio a una mutual?

-Para el 13 de septiembre tiene fecha de audiencia de remisión a juicio. Lo hemos imputado a Varisco porque consideramos que fue autor del delito de peculado, vinculado a la decisión de aportar a esa mutual sin ningún tipo de condiciones, por fuera de las normas municipales, lo cual resulta insólito que se esté adelantando dinero o dando préstamos a un particular. Esto se decidió y luego por circunstancias ajenas no se ejecutó, pero los libramientos se dispusieron, aunque no se transfirió el dinero. Se valorará esto en la calificación o en la pena y se discutirá si fue en grado de tentativa.

Fuente: Análisis

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