Comenzó 2018 y rápidamente el Gobierno nacional se puso manos a la obra para intentar desactivar futuros reclamos. En el marco de una economía que no arranca, donde el salario ha perdido valor, la inflación sigue asfixiando a los sectores más vulnerables y el dólar se disparó, Cambiemos intenta criminalizar la protesta sindical desnudando casos puntuales de corrupción el algunos espacios, gracias al accionar de sus operadores judiciales.

Lejos está esta columna de intentar defender a dirigentes como Marcelo Balcedo, secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación -Soeme-, arrestado con armas de guerra en una casa de Punta del Este. Mucho menos a Luis Barrionuevo, oscuro personaje de la CGT, o a Hugo Moyano, también cegetista con pronturario frondoso.

Pero sí hay que poner de relieve una situación: a Cambiemos no le interesa combatir la mafia sindical, sino que intenta establecer en la opinión pública la generalización de que todos los gremios son corruptos, o más, que los gremialistas son corruptos. En general, no importa quién sea, a qué espacio pertenezca o en qué provincia milite. Son corruptos. Con esa idea busca desarticular la tensión que existe entre su Gobierno, sus políticas -que por el momento van en la dirección contraria a la de los intereses de la mayoría de los asalariados- y los dirigentes que buscan mejorar la situación real de los trabajadores. El objetivo: paritarias a la baja, con un techo que no supere demasiado el 15%.

Un claro ejemplo es la eliminación de la paritaria nacional docente y la reducción de representantes de Ctera -principal gremio de educadores del país- en la mesa de discusión de condiciones laborales. El espacio ha sido crítico del gobierno macrista, con argumentos sólidos: eliminación de paritarias, baja de programas educativos, subejecución de partidas presupuestarias y la no construcción de una sola escuela en dos años, entre otros. El año pasado, como si fuera poco, reprimió a palazos a los docentes que intentaron instalar una carpa en la Plaza de los Dos Congresos. La misma en que la Patricia Bullrich -actual ministra de Seguridad- y otros opositores al kirchnerismo instalaron una en 2013.

El gobierno de Cambiemos tiene consenso social. Parte de ese consenso social se lo ganó con la promesa de combatir la corrupción, algo que ha hecho, pero sólo con una parte de los corruptos. Y para graficarlo sólo hace falta un ejemplo concreto: Gerónimo "Momo" Venegas. El ahora fallecido exdirigente de Uatre -Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores- fue el sindicalista más cercano a Macri. Investigado en múltiples casos de corrupción -de hecho estuvo detenido en el marco de la causa conocida como la "mafia de los medicamentos"-, como compensación por ese apoyo, el Presidente cuando asumió desarticuló el Renatea -Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios- y le dio el área al Renatre -Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores-, conducido por Venegas.

La mafia sindical existe. En Entre Ríos también y casos sobran. Excede a los partidos y a los gobiernos. Pero combatirla debe ir de la mano del fortalecimiento de los sindicatos, no de la criminalización de la protesta. Por el momento, el escenario, parece ser el contrario.

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