El juez Pablo Seró fue apartado de la investigación de una estafa millonaria a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por parte de una banda que se dedicaba a falsificar documentos para evadir el pago de impuestos.

La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones luego de que el magistrado de primera instancia desoyera un fallo que le ordenaba revisar los fundamentos por los cuales había dispuesto un embargo millonario sobre los bienes de las personas acusadas. En su lugar fue designado el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

La causa

El juez procesó a la ex procuradora de AFIP Alicia Ibáñez como integrante de una asociación ilícita tributaria que se dedicaba a la venta de certificados de retención falsos a empresas que luego los utilizaban para el pago de impuestos, en complicidad con el abogado Roberto Izaguirre Ibáñez –su hijo– y los contadores Luis Salvador Morelli y Sergio de Araquistain, que serían los jefes u organizadores de la organización.

El delito prevé penas de tres a diez años de prisión y si bien no contempla una sanción económica, sí prevé la imposición de una multa y el pago de las costas del juicio para quien resulte condenado y la posibilidad de una indemnización civil por parte de quienes resulten condenados. El juez estima ese monto en 84 millones de pesos y embargó los bienes de las personas acusadas en partes iguales hasta cubrir el total porque a pesar de que no fueron ellos quienes evadieron el pago de impuestos, ayudaron a un grupo de empresas a hacerlo: Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “Alianza Empresaria”, Construcciones Antonio Caballi SA, Néstor Iván Szczech, Constructora del Norte SA, Empresa San José (Grupo Flecha Bus), entre otras.

El tribunal de apelaciones consideró que el embargo de 21 millones de pesos para cada uno era “desproporcionado” y que el juez de primera instancia “no ha realizado una fundamentación suficiente”, así que lo mandó a revisar ese punto.

Pero el juez Seró se mantuvo en sus argumentos. “Esta instancia no advierte que el resolutorio puesto en crisis carezca de fundamentación”, dijo el magistrado y dio por cerrado el asunto, salvo por una morigeración en los montos: trabó embargo por 13 millones de pesos sobre los bienes de Morelli e Izaguirre y por 10 millones a Alicia Ibáñez.

Pues bien, le llovieron críticas al juez: de los defensores (“no hay indemnización civil, por cuanto la suma de 80 millones de pesos ya fue reconocida, aceptada y está tramitando por otra vía el recupero”, resaltó Miguel Cullen, por ejemplo) y del fiscal (dijo que “cuando un tribunal superior resuelve que otro inferior debe ajustar sus decisiones, éste debe hacerlo sin retaceos”).

También la Cámara Federal de Apelaciones le hizo un tirón de orejas al juez, al señalar que “incurre en las mismas deficiencias de fundamentación que motivaron la declaración de la primigenia nulidad”, es decir, antes no había dado fundamentos y ahora tampoco, salvo por la morigeración de los montos, pero “no satisface los recaudos de motivación”.

Por ese motivo se dispuso el apartamiento del juez, a quien se le hizo notar además que las consideraciones que hizo sobre el tribunal “resultan inapropiadas e impertinentes dado los roles y jerarquías”.

La causa ahora quedará en manos del juez Hernán Viri, de Gualeguaychú, para que primero dicte una nueva resolución respecto de los embargos y después continúe con la instrucción hasta su elevación a juicio.

Fuente: Página Judicial

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