Tras las elecciones legislativas, Mauricio Macri concretó una reunión cumbre con todos los gobernadores, donde se pusieron en común temas clave para el país. En ese marco, la "salida política" al conflicto por el Fondo del Conurbano terminó siendo el eje transversal del encuentro, no sólo porque da por concluido un nicho de tensión entre jurisdicciones, sino porque sienta las bases para el aval que necesita el Gobierno por parte de las provincias para comenzar a aprobar la batería de reformas que tiene en carpeta.

Concretamente, fue en esa reunión que Nación se ofreció para hacerse cargo del millonario costo económico que implica el reclamo de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, mientras que María Eugenia Vidal se comprometió a retirar la denuncia de la Corte Suprema de Justicia a cambio de la devolución gradual de esos recursos. De esta manera, el resultado para las provincias sería neutro y evitarían así resignar recursos necesarios para la "gobernabilidad".

Además del pago retroactivo que asume Nación, el acuerdo incluye una solución técnica para la distribución de fondos de aquí en adelante, que según el fiscal de Estado provincial Julio Rodríguez Signes fue idea de Entre Ríos. La misma consiste en la eliminación del artículo 104 de la ley del Impuesto a las Ganancias que establece asignaciones específicas. De este modo, el Fondo del Conurbano sería parte del pasado -entre otros puntos, como el 20% de financiamiento para Anses pero que exige una compensación vía impuesto al cheque- y a partir de ahora la totalidad de lo que se tributa en concepto de Ganancias pasaría a coparticiparse.

Sin embargo, que los gobiernos provinciales salgan intactos -en términos económicos- de este conflicto y, sobre todo, que corra por cuenta de Nación el pago retroactivo, tiene sus costos. Nada es gratis en el mundo de la política y todo se paga, al menos, con "esfuerzos" y el primero de ellos es la reforma tributaria.

Sin dudas, nadie cede 20.000 millones de pesos sin una contrapartida y el Presidente tiró sobre la mesa esta preciada carta en el momento justo. Lo hizo después de haber ganado las elecciones que determinaron a Cambiemos como la fuerza política más importante del país y luego de finalizar proyectos de reformas que requieren de mayor legitimación.

La salida del conflicto a través de una negociación había sido el pedido concreto de los gobernadores en los días previos. El argumento permanente era que cualquier definición en materia de recursos coparticipables se debía dar en el marco político o legislativo, pero jamás por medio de la intervención de la Justicia. El Gobierno siempre entendió esta lógica, pero hizo todo lo posible por evitar polemizar con el tema. Recién este jueves mostró sus cartas y se anticipó a la jugada de cara a la agenda socialmente más álgida y polémica.

Una vez más, la billetera se impone y juega como el as de espadas que hasta puede matar al poder judicial. La significación de este hecho no es menor, sobre todo porque el acuerdo entre Nación, Vidal y los demás gobernadores evita la sentencia de la Corte, que se sabía de antemano que iba a ser favorable a Buenos Aires. Si bien por estas horas se da por descontado que el acuerdo es satisfactorio para la mayoría, ahora sigue el trabajo fino del Gobierno de negociar con las provincias. Se entiende, no todos están en condiciones de ofrecer resistencia, por lo que primará el famoso consenso de dar para recibir.

Claramente, la mesa terminó siendo el nido fértil para comenzar fecundar el aval a las reformas, al menos por ahora la tributaria por ser la que menos costo político presenta. De hecho, muchos gobernadores como Gustavo Bordet ya se mostraron dispuestos a realizar una reforma impositiva puertas adentro para aportar al "esfuerzo" de reducir la presión tributaria. De ahora en más, todo lo que sigue son detalles, pormenores, negociaciones de letras chicas y otras cuentas pendientes por saldar. En definitiva, la base está.

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