El Gobierno nacional dio de baja 60 empresas de medicina prepaga que no funcionaban y el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, aseguró que de 600 compañías sólo 10 tenían su inscripción completa.
Oriolo reveló que eventualmente podrían cerrar cerca de un tercio de las empresas de medicina prepaga que hay en la Argentina. “De las 600 empresas, solo 10 están inscriptas por completo. Además hay 60 prepagas que no nos consta que estén trabajando y las estamos dando de baja. Adicionalmente, hay un segundo grupo de 70 entidades y otro tercer grupo de unas 80, que también estamos observando”, dijo.
Oriolo participó como expositor este jueves en el VI Congreso de Salud Adecra+Cedim 2024 (cámara que nuclea unos 400 instituciones de salud).
El listado de 60 instituciones que la Superintendencias ya cerró este mes fue publicado en el Boletín Oficial. Explicaron que son todas empresas que se habían inscripto como prepagas en 2012, pero jamás presentaron ningún papel o tuvieron afiliados. Adicionalmente, otros dos grupos aun mayores (de cerca de 70 y 80), completarían la gran tanda de entre 180 y 200 entidades que el Gobierno estima dar de baja en los próximos meses.
Con respecto a las obras sociales nacionales (uno de los grandes grupos que debe fiscalizar), Oriolo explicó que están controlando sus deudas y haciendo una análisis financiero de cada entidad para comprender si tienen la solvencia para brindar la cobertura que prometen.
Se refirió críticamente a las obras sociales que participan de la famosa “triangulación”, derivando aportes a las prepagas: “La triangulación no es gratis. Quien triangula se queda con una parte. Pretendemos que esa triangulación desaparezca porque no genera ningún valor. La diferencia del peaje la paga el beneficiario”, sugirió. Sin embargo, aclaró, “hay resistencias y hay dudas”.
Obras sociales chicas
“Lamentablemente, van a quedar instituciones en el camino”, dijo el funcionario sobre las obras sociales con menos de 5.000 afiliados. Se trata de 70 entidades, sobre las cerca de 290 que fiscaliza la Superintendencia, que reciben una porción del Fondo Solidario de Redistribución, una suerte de pozo que recauda parte del aporte de los empleados en relación de dependencia.
La denuncia de Oriolo este jueves consistió en remarcar que, en definitiva, la Súper estaba “subsidiando el no crecimiento”, en el sentido de que estas entidades habrían estado rechazando históricamente nuevos afiliados para poder seguir recibiendo ese dinero, quedando siempre “con cuatro mil y pico de afiliados”.
Multas a empresas
Oriolo recordó que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es el organismo que recibe los reclamos por incumplimiento. “Cuando empezamos a trabajar, ese proceso tomaba 13 pasos. Cuando hablamos de la burocracia del Estado, es esto: tenía 13 pasos y recién ahí la ‘Súper’ exigía a la compañía que cumpliera”.
Ahora, dijo, trabajan en reducir esos tiempos y procesos, que habrían quedado en solo “cinco pasos”, aseguró. Incluso contó que encontraron “expedientes de la prepandemia”, citó Clarín.
Oriolo se jactó además de que, en lo que va de la actual gestión se lograron multiplicar por 25 las multas aplicadas en los cuatro años previos.
Informó que en 2023, la Súper “no había aplicado ninguna”, que “en 2022, fueron solo cuatro multas y en 2021 tampoco se aplicó ninguna”.
Por otro lado, se modificaron los montos: “Eran realmente irrisorios. No es que uno busque aplicar multas para recaudar, pero sí para que las empresas cumplan con lo que corresponde”.
Plan Médico Obligatoria y discapacidad
“Ya estamos trabajando sobre el Plan Médico Obligatorio, que quedó antiguo y lo estamos modernizando. Estamos haciendo participar en esto a distintos actores del mercado”, informó el superintendente.
Por último, cerró con algunos tópicos particularmente sensibles. El primero fue discapacidad, sobre lo que afirmó: “No porque querramos recortar sino porque queremos que reciba el dinero quien realmente lo necesita. El tema merece una atención importante”.
En segundo lugar habló de las prestaciones de alto costo, tema que definió como “complicado”, por dos cuestiones. La primera es que la mayor parte de lo que recauda el Fondo Solidario de Redistribución va a parar automáticamente a las prestaciones por discapacidad, de modo que para cubrir las de alto costo queda un monto muy bajo.
En segundo lugar, por los plazos que lleva devolver el dinero a los prestadores, con las obras sociales como intermediarias. No tanto el plazo que le lleva a la Superintendencia entregar el dinero como lo que se toman luego las obras sociales para mostrar que, efectivamente, usaron el dinero entregado en cubrir la prestación de alto costo. “El plazo que se tomaban era 60 días”, explicó Oriolo. Desde la Superintendencia indicaronque lograron reducir ese plazo a 20 días hábiles.
