Es justo deconstruir el polémico Pacto de San Antonio de Padua, firmado por primera vez el 13 de junio de 2016 en Concordia y ratificado dos años después por el intendente Enrique Cresto ante una docena de pañuelos celestes que pregonan el “Sí a las dos vidas”.

En sus líneas, el Pacto comienza afirmando que "la realidad es más importante que la idea". Llama la atención entonces que, habiendo realizado tal aseveración se haga oídos sordos al momento histórico que se está viviendo a nivel país, que es una realidad.

¿Qué quiero decir con esto? Que el Pacto San Antonio de Padua se conforma por diez puntos que en su mayoría proponen políticas públicas de las que debería ocuparse el Estado sin la ayuda ni la sugerencia de ninguno de los credos.

Si la realidad es más importante que la idea o que las creencias religiosas personales de cada uno, el punto cinco se contradice, invisibilizando la reciente aprobación en la Cámara de Diputados Nacional ante el pedido por la Legalización del Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina. Una lucha colectiva llevada a cabo durante años por millones de mujeres que empatizan con la realidad de miles de otras, que mueren en la clandestinidad.

“Proteger a la familia como célula básica de la sociedad y la vida humana desde la concepción" sostiene el punto 5 del Pacto. Al ser ratificado, el intendente de Concordia tomó la decisión política de respaldar las creencias de una parte de la comunidad concordiense, dejando afuera miles de ciudadanos que no se identifican con ningún credo o con la unión familiar conformada por madre, padre e hijos que el propio pacto solicita proteger y que atenta contra derechos ya adquiridos.

¿Por qué en este momento preciso de la historia, del país y de la lucha de las mujeres el intendente Enrique Cresto decide, dos años después, avalar nuevamente este Pacto a pedido de los credos y dejar de lado a todos los que piensan distinto a sus creencias personales?

Si bien algunos medios de comunicación han informado erróneamente titulando la declaración de Concordia Pro Vida y Pro Familia, la "defensa de la vida humana desde la concepción", como lo plantea el Pacto, es proponerlo con otras palabras.

¿El Estado debe responder a la Iglesia? ¿O será que es conveniente responsabilizar a otros sectores de trabajos que le corresponde realizar a él mismo?

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