martes 26 de marzo de 2024
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Iglesia Católica en Entre Ríos: curas acusados de pedofilia y jerarcas cómplices

Karlic, Maulión y Puiggari son igual de culpables que los sacerdotes que arruinaron la vida de decenas de jóvenes. Y también merecen que la Justicia caiga con todo su peso sobre ellos

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Por Juan Pablo Scattini

La historia de los presuntos abusos en la Iglesia Católica de Entre Ríos tiene como característica saliente el encubrimiento, el silencio cómplice de los principales referentes de su jerarquía, que aún conociendo los aberrantes hechos que se suscitan y se suscitaron en su interior, prefirieron callarse.

Por estos días se lleva adelante en Gualeguay el juicio oral -no público, porque no dejan entrar a nadie- en contra de Juan Diego Escobar Gaviria, expárroco de San Lucas Evangelista, en Lucas González -Nogoyá-, acusado de haber abusado por lo menos de cuatro jóvenes -ahora se sumó una quinta denuncia- como principal referente de la Iglesia de su pueblo.

Y el silencio de la Iglesia se hizo sentir de nuevo. El cura de Oro Verde, Alfredo Nicola, estaba citado a declarar, como parte del puñado de testigos que habían presentado Juan Pablo Temón y Milton Urrutia, defensores del acusado, éste último echado de la causa contra Ilarraz, donde era querellante, por obvias razones. Pero no lo hizo. ¿El motivo? La jerarquía eclesiástica, con Juan Alberto Puiggari a la cabeza, prefiere no interferir en la causa, para no quedar "pegados" en lo que es un hecho histórico: un cura sentado en el banquillo de los acusados por supuestos hechos aberrantes que habrían arruinado la vida de, por lo menos, cuatro jóvenes.

Nicola fue quien albergó a Escobar Gaviria cuando la causa en su contra dio sus primeros pasos. Luego, la presión de un pueblo indignado por ver cómo un cura se escondía en medio de un proceso judicial, lo arrojó a Paraná. Antes de eso había sido expulsado de la casa Padre Lamy, donde estuvo prófugo algunas horas con amparo de la Iglesia hasta que se entregó en la Justicia.

JUSTO ILARRAZ: EL CASO TESTIGO

En 2012 la apertura de una causa contra el cura Justo Ilarraz, prefecto del Seminario Arquidiocesano de Paraná entre 1985 y 1993, sacudió al ámbito público. El cura era acusado de abuso por siete exseminaristas, que se animaban a contarle a la Justicia las aberraciones vividas por aquellos años.

A medida que el caso avanzó la trama de ocultamiento de la Iglesia se hizo cada vez más evidente: en 1992 un menor que se resistió al abuso relató lo ocurrido a su familia, quien presentó la denuncia ante las autoridades. Luego de él, varios más. El clero se hizo eco y realizó en silencio un juicio Diocesano. Ilarraz abandonó el Seminario y huyó un año al Vaticano, donde vivió bajo la tutela de las más altas esferas eclesiásticas.

Pese a saber lo sucedido, la Iglesia cerró el juicio y se calló. Nunca le contó a nadie lo que pasó. El entonces arzobispo de Paraná, Estanislao Karlic -hoy cardenal- fue el principal cómplice de aquello. La impunidad con la que creen pueden manejarse lo hizo declarar a Puiggari que "las leyes de la Iglesia" se habían puesto en funcionamiento, una vez consumada la presencia de un expediente en la Justicia.

"Las últimas noticias periodísticas reavivan nuestra profunda vergüenza e inmenso dolor por faltas gravísimas cometidas por uno de quienes deben servir a la vida moral del pueblo, con su ejemplo y enseñanza" afirmó el Arzobispado por aquellos días, dando a entender que efectivamente los hechos habían existido.

En la trama de silencio también entra Mario Maulión, sucesor de Karlic y antecesor de Puiggari. Él prefirió lavarse las manos y decir que no sabía nada. A él podría sumársele a José María Rossi, quien incardinó a Ilarraz en Tucumán, quien se limitó a declarar: "La iglesia hizo todo lo que debía hacer".

El modus operandi de la defensa de los curas abusadores deja entrever su culpabilidad: piden la prescripción de los casos. Es decir, admiten los abusos, pero solicitan que se anulen las acusaciones por el tiempo transcurrido. Al igual que los genocidas de la última dictadura cívico-militar, sostienen que su propia jerarquía ya los condenó -obediencia debida- y que sus aberrantes acciones no merecen pena.

Afortunadamente la Justicia, que en Entre Ríos deja mucho que desear en varios aspectos, ha entendido otra cosa. "No hay normas por encima de las leyes civiles. Nadie está exento de la autoridad de estas" indica el fallo firmado por los jueces Pablo Virgala, Daniel Malatesta y Gustavo Maldonado, tribunal que destruyó la excusa de los jerarcas para desligarse de su responsabilidad, es decir, las sanciones canónicas.

Las principales cabezas de la Iglesia de Entre Ríos son cómplices de los presuntos abusos que cometieron los tres sacerdotes que hoy enfrentan juicios: Juan Diego Escobar Gaviria, Justo Ilarraz y Marcelino Moya. Nadie está exento: Puiggari, Maulión, Karlic e incluso el propio Nicola son cómplices de hechos que le arruinaron la vida a decenas de jóvenes, que ultrajaron su dignidad, que marcaron su vida, que coartaron su derecho a crecer en una infancia plena, que socavaron su orgullo, que machacaron su moral. Y ellos, como los propios abusadores, también merecen ir a la cárcel.

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