La Justicia ordenó en las últimas horas que el IAPV -Insituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda- le entregara una vivienda a una madre con tres hijos, entre ellos uno con discapacidad. En 2016 había denunciado el estado de abandono de una casa social en Colonia Avellaneda y por eso había solicitado ocuparla. El ente se la había adjudicado e incluso había una resolución al respecto firmada por el gobernador, pero luego, por motivos que se desconocen, el trámite se frenó.

Tatiana Batauz es la abogada de la mujer. En contacto con el Nueve, explicó la situación: "Por suerte el fallo en segunda instancia dispone que en el plazo de siete días se inicien las acciones para el desalojo de la vivienda y luego sea ocupada por la mujer".

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