El juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien aparece como una figura destacada en la Gestapo para perseguir sindicalistas instrumentada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, cumple por estos días un rol central en la pelea por el sindicato de trabajadores rurales (Uatre).

Baric se desempeñaba como subsecretario de Política Penitenciaria en la provincia durante el gobierno de Vidal, un cargo que dependía del entonces ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

Según Página 12, el ex subsecretario ingresó a la sede de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la tarde del 6 de agosto de 2018 y dos días después fueron los integrantes del departamento de Operaciones Técnicas a instalar cámaras y micrófonos en la alcaidía departamental 3 de Melchor Romero, que dependía directamente del Ministerio de Justicia provincial.

El exdirector de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, declaró que él siguió con Baric el tema del "cableado" de la alcaidía de Melchor Romero.

Pero los motivos por los cuales la AFI se involucró en esa unidad provincial no están claros. El abogado Daniel Llermanos denunció que estaban poniendo cámaras y micrófonos para preparar las celdas para la detención de Hugo y Pablo Moyano. Otra versión indica que la idea era preparar las escuchas ante un eventual traslado de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci. También se habló de la posibilidad de un traslado de "Los Monos".

Pero, ¿cuál es el rol de Baric en la Uatre? La respuesta está en la problemática conducción de José Voytenco al frente del gremio de los peones rurales.

A fines del año pasado, el gremio formalizó su ruptura con la realización de dos congresos paralelos donde el secretario general Voytenco quedó en minoría.

La mayoría del Secretariado Nacional de la Uatre planteó la invalidez de una serie de medidas, que incluían la expulsión de dos históricos del gremio: Juan Carlos Castro y Dávalos, que había intentado concretar Voytenko.

Por estos días el gremio se encuentra paralizado. Por orden de la justicia laboral nacional el sindicato no puede afrontar ningún tipo de pagos y se están cubriendo sus costos con la obra social Osprera, un mecanismo que pone deja en una situación muy delicada al massista Pablo Ansaloni, quien tras un largo conflicto logró recuperar la conducción de la obra social, nada menos que la caja del gremio.

La superintendencia de seguros sigue ese desvío de fondos de la Osprera a la Uatre con preocupación, porque mientras le pagan a los dirigentes sindicales cercanos a Voytenco con fondos de la obra social, los prestadores no cobran y los trabajadores rurales no tienen servicios de salud.

La jugada de Voytenco era que el juez Baric le diera luz verde a una cautelar reconociendo a las autoridades ilegalmente elegidas e impugnadas por la justicia del Trabajo Nacional. Esa cautelar le iba a permitir además comenzar a disponer de los fondos del gremio.

Ahora, la exposición del rol del magistrado como una pieza clave en la Mesa Judicial puede paralizar esa maniobra toda vez que el gobierno podría tomar nota que Baric estaría ayudando irregularmente a Voytenco.

Fuente: La Política Online

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