Hace varias semanas que Paraná es noticia en todo el país por el escándalo que sacude a la ciudad, cuya máxima autoridad legítimamente electa sufrió un duro revés del que podría tal vez recuperarse en el ámbito judicial, pero ya no en la esfera política. El extenso auto de procesamiento firmado por el juez Leandro Ríos confirma la gravedad de las acusaciones en base a un sólido material probatorio, que presagia un trayecto muy cuesta arriba para la defensa técnica del intendente, que de manera reciente sumó a sus filas a un costoso letrado porteño para dar batalla en al menos dos de los tres frentes en los cuales Sergio Varisco adelantó que iba a centrar su estrategia: el judicial y el mediático.

En el tercero de esos frentes, el político, los dardos comenzaron a apuntar la semana pasada más al fuego amigo que a la oposición. A los cruces verbales y fotográficos con los correligionarios de otras líneas internas del radicalismo se suma el enfrentamiento con la viceintendenta Josefina Etienot, que ya deslizó su incomodidad ante la posibilidad de que un pedido de licencia del jefe comunal la obligue a hacerse cargo del destino institucional de la ciudad. Hace algunos días mantuvo un encuentro con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien por el momento bajó su perfil político en la provincia, prefiriendo desensillar hasta que aclare.

Quien sigue en la línea sucesoria es el concejal Emanuel Gainza, cuya relación con la viceintendenta se enfrió hace tiempo y a comienzos de este año derivó en un enfrentamiento por la disputa de cargos en el Concejo Deliberante. El edil, cuya mención en algunas libretas que constituyen pruebas clave de la causa es motivo de especulaciones, deberá comparecer este miércoles ante la justicia en calidad de testigo.

De todo lo expuesto se deriva una verdad que no debería ser ignorada por nadie: la situación institucional de Paraná, sea cual fuere el desenlace de este conflicto, es de una gravedad inusitada, posiblemente sin ningún precedente.

Se equivocan aquellos que vislumbran una oportunidad en la crisis que atraviesa la ciudad, porque los principales perjudicados de esta situación no son ni Sergio Varisco, ni el radicalismo, ni Cambiemos: son todos los paranaenses.

A la inflación, la caída del consumo, altas tarifas y aumento de la desocupación que se presentan como trasfondo nacional se suman las problemáticas locales de un transporte deficiente y costoso, calles que no dan abasto y obras anunciadas que no llegan.

Se torna imprescindible ante este panorama que la clase dirigente -la opositora también, pero principalmente de la coalición que gobierna Nación y Municipio- deponga momentáneamente sus aspiraciones, interrumpa las especulaciones y busque una salida institucional que les permita a los paranaenses seguir viviendo en una ciudad que preste servicios básicos y proyecte su crecimiento. Si se profundiza la crisis institucional, los principales perjudicados serán los ciudadanos de a pie, en quienes predomina la preocupación y la incertidumbre.

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