El subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Matías Germano, participó de la XXVII Reunión Plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El funcionario suscribió, junto a otras autoridades en Derechos Humanos de la Argentina, una declaración en la que se reafirma el compromiso con las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y políticas reparatorias como política de Estado y la continuidad de los juicios de lesa humanidad.

Entre Ríos tuvo su representación en el encuentro que se realizó los días 5 y 6 de marzo y reunió a las autoridades nacionales y provinciales de Derechos Humanos. El subsecretario Matías Germano, estuvo presente en esta nueva instancia y participó además de la Mesa Permanente de Diversidad Sexual que se desarrolla en ese ámbito.

En ese marco las autoridades en Derechos Humanos de la Argentina emitieron una declaración en la que se expresaron en relación al 42° Aniversario del último golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, y ratificaron el “compromiso irrestricto con la Memoria, Verdad y Justicia, y de trabajar por el fortalecimiento de nuestra Democracia, en donde el Nunca Más sea una realidad”.

Además, los referentes de todo el país, celebraron la puesta en funcionamiento del Comité Nacional contra la Tortura y la aprobación por parte de la Legislatura Provincial de Entre Ríos, del Mecanismo Provincial contra la Tortura e instaron “a las legislaturas provinciales que aún no lo han hecho, crear los Mecanismos Provinciales contra la Tortura”.

Declaración

Los referentes en la materia reafirmaron las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y políticas reparatorias como política de Estado y la continuidad de los juicios de lesa humanidad.

A su vez, expresaron su “preocupación en que las prisiones o ‘libertades’ domiciliarias se constituyan en nueva forma de impunidad den la Argentina” y destacaron la labor de Abuelas de Plaza de Mayo, en su 40° aniversario, y el trabajo coordinado con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.

En la declaración expresaron que el espacio “Honra a los tripulantes del ARA San Juan, y brinda su apoyo y acompañamiento a sus familias”; “Celebra el trabajo realizado por el Estado, Nacional y las Provincias, y la Cruz Roja Internacional en la identificación de los resto de los soldados argentinos presentes en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, y brinda su apoyo y colaboración a esta iniciativa” y asimismo, “honra a los veteranos y los héroes caídos durante el conflicto armado en las Islas Malvinas, y manifiesta, con especial énfasis, su homenaje a las veteranas de guerra y el compromiso para su reconocimiento”.

Los referentes también brindaron su “solidaridad con el Diario Página 12 y Federico Pavlovsky, por la denuncia incoada por la organización La Liga Polaca contra la Difamación, por la nota publicada en ese medio, el último 18 de diciembre sobre la masacre de Jedwabne, donde 1600 judíos polacos murieron en 1941 a manos de polacos antisemitas”. En este sentido, se expresó “preocupación y repudio contra esta denuncia, en el entendimiento que la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia y su ejercicio permite afianzar los derechos humanos, recordando el pasado para construir el futuro”.

Por otra parte, y a propuesta del representante provincial, se expresó “el deber de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, y su real y efectivo ejercicio, y la implementación de los protocolos de interrupción legal del embarazo en todas las jurisdicciones de nuestro país”. Asimismo, declaró “la necesidad de que en el marco del Honorable Congreso de la Nación se dé un debate responsable, amplio y participativo, y que incorpore el enfoque de derechos humanos para el tratamiento de la legalización del aborto en la Argentina”. Desde este Consejo Federal de Derechos Humanos se solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y las Comisiones intervinientes en el trámite parlamentario que consideren la participación de las organizaciones sociales en las audiencias que se llevan a cabo.

En otro orden manifestaron la necesidad de promover que las fuerzas de seguridad, en el ámbito federal y provincial, como los Ministerios de Seguridad , incorporen los instrumentos, protocolos y estándares de derechos humanos, establecidos por la Organizaciones de las Naciones Unidas, en cuanto al uso de la fuerza y que se establezcan todos los mecanismos de monitoreo para su cumplimiento.

En la declaración también se realizó un “llamamiento a continuar construyendo un Estado democrático y pacífico, libre de violencia institucional. Cualquier abuso por parte de las fuerzas de seguridad debe ser investigado y sancionado en cumplimiento de las garantías del debido proceso”. Además de recomendó “a los/as gobernadores/as y al Poder Ejecutivo Nacional a que se incorpore la participación activa de las áreas de Derechos Humanos y los Ministerios de Educación en los procesos formativos de las Escuelas de Cadetes y Oficiales”.

Al respecto, en el texto se hace una “recomendación especial referida a la supuesta doctrina, surgida a partir del caso Chocobar, condenando cualquier intento de tergiversar las garantías constitucionales y las buenas prácticas policiales, e insta al necesario cumplimiento de los estándares y protocolos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en todo su accionar”.

Por otra parte, se celebró la presentación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017 – 2020), aprobado por Decreto N° 1024/2017 y promueve la adhesión de las 24 jurisdicción provinciales a sus 5 ejes y la elaboración de los planes locales.

También se expresó la “necesidad de continuar con la tradición receptiva de nuestra sociedad hacia los flujos migrantes y solicitantes de asilo, celebrando los avances realizados en la región como contribución a las Declaraciones de los Pactos Globales sobre Migraciones y Refugio, que se llevarán a cabo en el mes de septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Finalmente se ratificó “la importancia de mantener y profundizar las políticas de salud mental bajo los estándares de derechos humanos establecidos en la Ley N° 26.657 de Salud Mental y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En este marco, instamos a las legislatura provinciales, que aún no lo han hecho, a la adhesión de la ley nacional y la creación de los órganos revisión”.

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