El Proyecto de Ley de Juicio por Jurados -presentado a la Legislatura de Entre Ríos el pasado viernes y que tomó estado parlamentario el día de ayer- propone establecer que los juicios criminales que impliquen delitos con penas de más de 20 años de prisión sean realizados por jurados populares.

La propuesta establece que el jurado estará integrado por 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, quienes se desempeñarán bajo las instrucciones legales de un juez y decidirán por unanimidad la culpabilidad o no del acusado.

Este proyecto apunta a dar cumplimiento, en la provincia de Entre Ríos, al mandato Constituyente Nacional originario -establecido en 1853- que los juicios criminales deben realizarse por jurados (artículos 24, 75 -inciso 12- y 118) y a lo establecido por el artículo 122, inciso 23 de la Constitución de Entre Ríos.

Ventajas

Este proyecto de Ley cuenta con un amplísimo consenso, tanto de la comunidad jurídica como política, por el modo de funcionamiento del modelo de jurado propuesto y las ventajas que implica para la participación ciudadana que busca promoverse y, por ende, para la democratización de la justicia.

El procedimiento del juicio por jurado tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que poseen de las normas, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad.

La división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del Juez estatal brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.

El jurado popular se encuentra en una situación más favorable para resolver un caso con la mayor imparcialidad posible y alejada de presiones -tanto externas como internas- que pudieran afectar su independencia frente al caso concreto.

Otro de los puntos que favorecen la implementación de este sistema es que el jurado popular, permite hacerse eco de un reclamo de la ciudadanía por tener mayores posibilidades de participación en la toma de decisiones de gobierno -las sentencias judiciales son actos de gobierno- fortaleciendo cada vez más a las democracias.

Esta institución es la máxima expresión de la democratización de la justicia, asegurando la participación ciudadana en las decisiones judiciales, así como la publicidad y transparencia que debe signar la actividad de todos los órganos estatales del sistema republicano.

Implementar un sistema de juicio por jurado permite un acercamiento recíproco entre la sociedad civil y el sistema judicial, habilitando así el intercambio de visiones que involucren la administración de justicia con la realidad social y los valores comunitarios diversos y plurales.

Embed

Modo de funcionamiento

El jurado que se propone implementar en Entre Ríos es el modelo clásico, el cual está integrado por 12 ciudadanos, elegidos por sorteo de un padrón previamente confeccionado también por sorteo, quienes deberán arribar a un veredicto unánime de “culpabilidad” o “no culpabilidad”.

Una vez alcanzada la unanimidad, como resultado de una prolongada deliberación, la legitimidad de la decisión del jurado es indiscutible.

La unanimidad es la que la da a la decisión de condenar o absolver una fuerza social y política inconmovible. Asimismo, brinda a nuestro sistema judicial otro valor inestimable: la firmeza de los veredictos y un ansiado punto final a la litigación.

De este modo, todo veredicto absolutorio resulta inapelable, no así el condenatorio, que admite la posibilidad de revisión judicial por vía recursiva en cumplimiento de la regla de la doble instancia establecida en el Pacto de San José de Costa Rica.

Condiciones para integrar un jurado popular

El servicio de jurado es una carga pública, que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años; que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la jurisdicción correspondiente al lugar del hecho. Los miembros convocados para integrar un jurado son elegidos mediante sorteo.

Confección del Proyecto de Ley

El Proyecto de Ley de Juicio por Jurados enviado al Senado desde el Poder Ejecutivo provincial, fue elaborado conjuntamente por equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos y encabezado por la ministra Rosario Romero; contando con los aportes y propuestas de la AAJJ (Asociación Argentina de Juicio por Jurados) y del INECIP, (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), instituciones pioneras en la implementación de juicio por jurados en Argentina y América Latina.

Fueron actores claves en el presente proyecto de ley, las contribuciones realizadas por parte del Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos.

Asimismo, el desarrollo de las Jornadas “Juicio por Jurados, la concreción de un mandato constitucional”, que se llevaron a cabo en el mes de junio en Paraná, organizadas por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”, del Superior Tribunal de Justicia en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, fueron cruciales tanto para que el tema haya tomado relevancia en la agenda pública, como para que se lograran los consensos en la necesidad de su aplicación en el territorio entrerriano.

Antecedentes

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el reciente fallo Canales (mayo de 2019) validó íntegramente la constitucionalidad del Juicio por Jurado, del mismo que lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo RPV vs Nicaragua (mayo de 2018).

La ley que aquí se propone cuenta con el respaldo constitucional y convencional de los mencionados máximos tribunales de justicia.

Es de destacar que Entre Ríos fue una de las pioneras en discutir legislativamente el juicio por jurados, al punto que una ley similar a ésta estuvo por ser sancionada hace ya casi 15 años.

Hoy, la Provincia exhibe con orgullo la puesta en marcha exitosa de un modelo acusatorio procesal penal de última generación y se encuentra en pleno proceso de avance hacia las formas más modernas de enjuiciamiento adversarial.

Con esta ley de jurados, la provincia de Entre Ríos profundiza aún más la adecuación absoluta de su procedimiento -al menos el penal- con la Constitución Nacional.

Aparecen en esta nota:

Comentá y expresate