Luego del hecho sucedido la semana pasada en los Tribunales de Paraná, donde un grupo de ciudadanos escrachó a abogados defensores del exgobernador Sergio Urribarri y exfuncionarios de su gobierno, el Superior Tribunal de Justicia repudió estos acontecimientos.

El alto cuerpo cuestionó los hechos "marcadamente antidemócráticos cometidos por ciudadanas, ciudadanos y miembros del Ministerio Público Fiscal".

En el mismo sentido, se solidarizó con los abogados defensores que formaron parte de las audiencias tras la cual tuvieron lugar los incidentes.

El comunicado

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, expresa su más enérgico repudio, y rechaza los recientes actos marcadamente antidemócráticos cometidos por ciudadanas, ciudadanos y miembros del Ministerio Público Fiscal.

Dichas personas, disconformes con actos o decisiones de las instituciones republicanas, canalizaron sus reclamos a través de métodos agresivos, violentos, intimidatorios, con insultos e injurias personales, afectando la honorabilidad de magistrados, profesionales y legisladores en cumplimiento de sus funciones y como integrantes del Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la provincia.

Asimismo, el Superior Tribunal de Justicia se solidariza y rechaza la agresión propinada a los profesionales de la abogacía Dres. Raúl Barrandeguy, Ignacio Esteban Díaz, José Candelario Pérez, Juan Méndez, José Velázquez y Miguel Ángel Cullen contra quienes un grupo de personas que ya han sido individualizadas, el día viernes 10 de junio ppdo, en dependencias del edificio de tribunales de la ciudad de Paraná, tuvieron actitudes propias de dictaduras o regímenes autoritarios.

Resulta censurable y hasta contrario a las leyes que nos rigen, la participación directa en dichos actos, -como se ha visto-, de integrantes del Ministerio Público Fiscal que integran el Poder Judicial conforme lo prescripto por el art.207 de la Constitución provincial , y deben actuar dentro del rol que le asignan las leyes ,con espíritu de mutua colaboración y responsabilidad, asegurando a la ciudadanía el mejor servicio de Justicia posible, dejando de lado las diferencias personales y funcionales, y dirimiendo las mismas con respeto dentro del marco legal e institucional correspondiente.

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