El Partido Justicialista -PJ- entrerriano repudió a través de un comunicado el golpe de Estado sufrido por el gobierno boliviano. Indicaron además que no se trató de un hecho espontáneo, "sino que se orquestó en los días previos con un alto componente de revanchismo racista y una violencia planificada en las calles".

Desde el espacio señalaron necesario que el peronismo alce su voz y exija "constitucionales para todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianas, empezando por sus autoridades legitimas, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera".

El comunicado completo

Desde el Partido Justicialista de Entre Ríos queremos expresar nuestro enérgico rechazo al golpe de Estado en la hermana República Plurinacional de Bolivia, donde las fuerzas armadas y la policía, en connivencia con sectores civiles y los principales opositores al gobierno constitucional, forzaron la renuncia del presidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera.

El golpe en Bolivia no es un hecho espontáneo, sino que se orquestó en los días previos con un alto componente de revanchismo racista y una violencia planificada en las calles, amenazando a funcionarios del gobierno constitucional, persiguiendo a militantes y referentes, y atacando e incendiando las viviendas de dirigentes de movimiento sociales y sindicales afines al oficialismo.

Por todo ello expresamos nuestra absoluta solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia y esperamos el rápido accionar de las fuerzas democráticas de la región y de la comunidad internacional para frenar esta ola de violencia que buscó, desde el principio, desestabilizar al gobierno constitucional e interrumpir el mayor proceso de redistribución de la riqueza de Bolivia.

La historia de nuestra región no deja lugar a dudas, cuando las fuerzas de seguridad intervinieron en las decisiones soberanas e interrumpieron el orden institucional de los pueblos sobrevinieron los Golpes de Estado, las proscripciones, las torturas y las muertes. En este sentido, los peronistas debemos alzar nuestra voz y exigir garantías constitucionales para todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianas, empezando por sus autoridades legitimas, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

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