"Pusimos en acción el protocolo que rige ante una situación como esta. Nos dedicamos a recabar la mayor cantidad de información posible, para tener una visión completa del hecho. Luego eso es trasladado a los departamentos jurídicos" señaló Humberto en contacto con el Nueve.

El funcionario aclaró asimismo: "En realidad la escuela debería tomar los aspectos irregulares y transmitirlos para que actuáramos. En este caso la madre, aconsejada por la Fiscalía se comunicó con nosotros e intervino la asesora Legal, argumentando el proceder para dar con la realidad de la escuela".

Humberto agregó que el martes, día después de la denuncia, hubo una reunión con los padres del establecimiento involucrado: "Tomamos una referencia formal, le adjuntamos la denuncia y la remitimos al Consejo General de Educación".

El ordenanza involucrado, por el momento, fue apartado de su cargo: "Nuestra prioridad son los niños. Pretendemos que se resuelva todo. Es de nuestro interés que la escuela desarrolle sus actividades con normalidad".

Por su parte Adela Ramírez, supervisora de la Dirección Departamental de Escuelas, es la funcionaria que intervino en el colegio involucrado: "A los padres, además de escucharlos, les explicamos las medidas que, en el marco de la normativa vigente, debemos llevar adelante. Son aspectos administrativos y judiciales, a través de la denuncia. También les ofrecimos asistencia psicólogica".

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