El movimiento Amnistía Internacional presentó su informe anual a través del cual recorre las vulneraciones de Derechos Humanos en Argentina que afectan directamente a mujeres y diversidades, víctimas de violencia institucional, pueblos indígenas, personas refugiadas y poblaciones afectadas por la crisis climática, entre otros.

El 2021 debería haber sido un año de recuperación. En cambio, dejó un legado de profunda desigualdad. Si bien podemos mencionar esfuerzos como el plan de vacunación para contener el COVID o la continuidad de avances en políticas de género y diversidad, la inestabilidad y las falsas promesas siguen haciendo mella en los derechos humanos tanto de la población de nuestro país como en la de toda la región”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Qué dice el informe

El recorrido del informe repasa la situación de derechos humanos durante el año pasado, en un contexto en el cual Argentina seguía sumida en una profunda crisis económica y social. Según cifras oficiales, en junio de 2021 el 40,6% de la población vivía en la pobreza y la tasa de desempleo ascendía al 8,6% en el tercer trimestre del año.

Derechos sexuales y reproductivos: a un año de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo, no se logró su efectiva implementación. Entre varias dificultades, se registra la escasez de información, la falta de acceso a medicación, el desarrollo de políticas públicas y la insuficiente capacitación. Además, se observa la injusta criminalización de una profesional.

Violencia contra las mujeres: en 2021 se registró un femicidio cada 30 horas. La violencia de género en la Argentina es, a esta altura, una crisis endémica que ningún gobierno ha podido resolver.

Paridad: se perpetúa la histórica exclusión de las mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado. El 15 de diciembre de 2021 venció el plazo para el envío del pliego al Senado para ocupar el cargo vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en el máximo tribunal de Justicia de la Nación. La perpetuación de la vacancia actual supone una situación de absoluta gravedad institucional, porque hoy está compuesta íntegramente por varones.

Educación sexual integral (ESI): a 16 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral persiste una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real. Solo el 4% de estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos. Por su parte, siete de cada diez docentes sostienen que necesitan más capacitación.

Violencia Institucional: al finalizar el año quedó pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de funcionarios policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios.

En los últimos años, Amnistía Internacionalrelevó casos en todo el país. Muchos de los que se siguieron registrando a lo largo de 2021 ilustran prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad.

Pueblos indígenas: Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hay en el país 1.760 comunidades identificadas por el Programa de Relevamiento Territorial. Pese a la obligación que surge de la Ley de Emergencia Territorial de relevar a todas a 16 años de su sanción solo el 43% concluyeron el proceso.

Crisis climática: Las intensas olas de calor, sequías e incendios en grandes extensiones de tierras en todo el país volvieron a poner en la agenda la necesidad de tratar en el Parlamento, con la mayor celeridad posible, la Ley de Humedales.

El informe completo

Amnistia2022-4.pdf

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