El Gobierno evalúa modificar por decreto el mínimo de Ganancias, para aportar dinero al bolsillo de los trabajadores de clase media. El nuevo piso para dejar de pagar el impuesto será de $170.000 de remuneración bruta.

Entre $170.000 y $197.000 de haber bruto, se aplicará una escala progresiva y decreciente de deducción para que los que más ganan paguen más Impuesto a las Ganancias, según el texto legal a cuyo borrador tuvo acceso iProfesional.

Esta suba de los mínimos regirá para los salarios devengados a partir del 1 de septiembre pasado, o sea que el beneficio se sentirá en el bolsillo con los sueldos que se cobrarán a fin de mes o los primeros días de octubre.

Respecto de la segunda cuota del aguinaldo de 2021, deberá considerarse el importe de $170.000 y el promedio del segundo semestre calendario de la remuneración y/o haber bruto, indicará el decreto.

Los distintos grupos de beneficiados

La reforma que impulsó en abril el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y que entró en vigor en junio, apuntó a disminuir la carga tributaria de un grupo extenso de trabajadores, dejando a algunos eximidos totalmente del pago del impuesto y a otros con una retención menor.

En este sentido, se pueden identificar dos grandes grupos de empleados beneficiados con estos cambios y un tercer grupo en el que el cálculo del impuesto no ha sufrido modificaciones, enumeró Analía Saitta, de KPMG Argentina:

Grupo 1: aquellos empleados cuya remuneración bruta no superaba $150.000 mensuales, los cuales pasaron a no tributar importe alguno.

A fin de aplicar este beneficio, la ley contempló el incremento de la deducción especial en el mes, de manera tal que la ganancia neta sujeta a impuesto arrojara resultado cero. Asimismo, se previó la exención sobre el aguinaldo.

Para este grupo, el piso sube ahora a $170.000

Grupo 2: aquellos cuya remuneración bruta fuera superior $150.000 pero menor o igual a $173.000 mensuales, los cuales gozan de una disminución de su carga fiscal.

En este caso, se facultó a la AFIP a fijar una deducción especial incrementada, de forma tal de crear pequeños "escalones" entre aquellos que no tributarán impuesto por integrar el grupo de trabajadores con haberes brutos menores a $150.000 mensuales y aquellos que continúan abonando el tributo de la misma forma que lo venían haciendo por superar $173.000 mensuales.

El mecanismo deberá ser establecido nuevamente por la AFIP, esta vez para salarios entre $170.000 y $197.000

Grupo 3: aquellos trabajadores que no gozan todavía de este beneficio en el cálculo mensual ya que de ahora en más serán los que perciben una remuneración bruta de $197.000, publicó iProfesional.

En este caso, se facultó a la AFIP a fijar una deducción especial incrementada, de forma tal de crear pequeños "escalones" entre aquellos que no tributarán impuesto por integrar el grupo de trabajadores con haberes brutos menores a $150.000 mensuales y aquellos que continúan abonando el tributo de la misma forma que lo venían haciendo por superar $173.000 mensuales.

El mecanismo deberá ser establecido nuevamente por la AFIP, esta vez para salarios entre $170.000 y $197.000

Grupo 3: aquellos trabajadores que no gozan todavía de este beneficio en el cálculo mensual ya que de ahora en más serán los que perciben una remuneración bruta de $197.000.

"Pasado algunos meses de la aplicación práctica de la Ley N° 27.617, cabe mencionar que se ha producido un cambio de lógica en el cálculo del impuesto", advirtió Saitta.

"Al respecto, para generar los beneficios indicados se ha producido un cambio en la mecánica de determinación del impuesto, ya que a los efectos de su aplicación debe establecerse si el trabajador se encuentra en alguno de los grupos, desvirtuando parcialmente el concepto de anualidad del Impuesto a las Ganancias", explicó Saitta.

El lado B: conflicto en las empresas

Sin embargo, el lado B de la suba de la deducción especial por segunda vez en el año es que se vuelve a complicar la carga administrativa de las empresas y también que se achata la pirámide de los mandos medios, de tal modo que un jefe en muchos casos cobrará menos de bolsillo que un empleado.

"Más allá de los beneficios para este rango de asalariados, la ley discrimina en contra del resto de los asalariados que están por encima de ese monto mínimo de salario bruto, ya que los mismos no tienen ningún beneficio", comentó Marcelo D. Rodríguez, CEO de MR Consultores.

"Por consiguiente, al incrementarse ese monto mínimo, dentro de una empresa se va a dar la paradoja de que un jefe puede tener un ingreso de bolsillo inferior a un empleado", alertó Rodríguez.

"Finalmente, los trabajadores autónomos siguen sin tener beneficio alguno frente al embate del proceso inflacionario que vive el país", remarcó Rodríguez.

Y Andrés Edelstein también indicó que "se insiste en el esquema inplementado por la Ley 27.617, cuya técnica legislativa es perfectible, aunque obviamente el único objetivo de aumentar el piso para empleados en relación de dependencia y jubilados se logra. Se agranda la brecha con quienes quedaron fuera de este esquema, es decir los trabajadores autónomos, lo cual incrementa la desigualdad ya existente".

"Por más que esto sea una buena noticia, en perspectiva no lo es, porque así como hoy quieren entrar en el bolsillo para dejar unos pesos, en todos los años en que las escalas permanecieron sin ajuste, desde 2001 a 2013 y de 2019 a 2020, el Gobierno se dedicó a sacar pesos de los bolsillos de las personas en relación de dependencia", enfatizó Fernanda Laiún, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt.

A su vez, el contador José Luis Ceteri aseguró que la medida "complica administrativamente a las empresas, y sigue siendo un mecanismo injusto, porque el que se pasa por $1 del mínimo, empieza a pagar. Lo ideal sería aumentar todas las deducciones personales. Sería más equitativo, aunque se llegue al mismo monto".

Por la situación post-electoral, sostuvo el contador Daniel Pérez, "se aumentará el mínimo a $170.000 de remuneración bruta, y habrá personas que estarán por abajo en el promedio en algún momento del año, lo que será un beneficio para los trabajadores, pero un conflicto liquidatorio, administrativo y de sistemas para las empresas".

Fuente: iProfesional

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