Una familia de la localidad de Marcelino Escalada, 130 kilómetros al norte de la capital de Santa Fe, sufre las consecuencias de la fumigación con agrotóxicos en los alrededores de su casa. En enero murió un anciano y, pese al doloroso hecho y las restricciones legales, siguen fumigando.

A Diógenes Chapelet -de 75 años-, en noviembre del año pasado, un “mosquito” que fumigaba un campo vecino lo envenenó. Enseguida se le cerró el pecho y le empezaron a salir manchas en el cuerpo. Murió el 8 de enero, engrosando el largo listado de las víctimas por fumigación.

Apenas habían pasado unos minutos de las nueve de la noche cuando el teléfono alertaba que había un mensaje. “Hola Ricardo… te cuento que nos volvieron a fumigar”, comenzaba diciendo el WhatsApp, publicó el periodista Ricardo Serruya en Revista Cítrica.

El mensaje era de Sergio Chapelet, el hijo de Diógenes. Desde que murió su padre, toda la familia, que fue amenazada e ignorada por las autoridades, se ha encargado no solo de mantener viva su memoria, sino también de reclamar por normativas que eviten nuevas tragedias.

De esa manera consiguieron que en el santafesino pueblo de Marcelino Escalada se prohibiera el uso de todo agrotóxico a menos de 500 metros del ejido urbano. Una constante: aún desde el dolor, estos quijotes no pueden dejar de pensar en lo colectivo, en el bien común.

El mensaje era más extenso, la voz de Sergio sonaba en el celular y alertaba que violaban la ordenanza: “Volvieron a fumigar, fue esta tarde, incumplieron la ordenanza dentro del perímetro protegido, hay un olor terrible, debe ser algo de banda roja". Banda Roja, según la categorización del Senasa, son los químicos sumamente peligrosos, muy tóxicos. Y después Sergio agregaba: "Los paró la policía, fue el presidente comunal y pararon la fumigada. Y sí, era ilegal, no tenían permiso”.

Las palabras se amontonaban para describir la indignación. Estaba claro, una vez más violaban una ordenanza y subordinaban la salud al rédito económico. Toda la familia era afectada: Carlos, Cinthia y Carla, ésta última de tan solo 11 años.

El doctor Adolfo Porchietto, director a cargo del Samco de Ramayón, un centro de salud de una localidad cercana, diagnosticaba “reacción alérgica en los ojos, cara, oreja y manos, acompañada de cefalea intensa e hipotensión aguda”.

A medida que pasaba el tiempo se conocían más aristas del hecho. El “mosquito” utilizado en la aplicación no estaba registrado, no había receta expedida por profesional, no se sabía que producto se estaba utilizando por lo que resultaba lógico pensar que se estaba utilizando un veneno de alta toxicidad y prohibido.

Convivir tanto tiempo con el modelo agrotecnológico y ser vecinos de campos fumigados le dio a la familia Chapelet un ejercicio en trámites a seguir. Más aún después de la muerte de Diógenes. Luego de la visita médica fueron a la comisaría y a la Fiscalía en turno que se encuentra en San Justo. Hicieron la denuncia. Ahora habrá que esperar que actúe la Justicia.

Pero mientras, la historia sigue. Y de la peor manera. Al día siguiente, Sonia, la viuda de Diógenes, se despertó distinta: no se sentía bien, tenía mucha tos, estaba agitada y también tuvo que ir al médico.

Habían pasado solo 24 horas y desde los más chicos hasta los más grandes de la familia se veían afectadospor el "mosquito" y su veneno.

La pregunta, entre la indignación y la rabia es: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan matando, que nos sigan envenenando sistemáticamente?

Fuente: Revista Cítrica, por Ricardo Serruya.

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