La jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná, Lilia Carnero, desestimó el argumento del fiscal subrogante, Leandro Ardoy, que se opuso a que se le restituyera a un imputado parte del dinero que se secuestró en un allanamiento realizado en una causa por el delito de tenencia de estupefacientes para comercializar. La jueza señaló que “en consecuencia, su estrategia discursiva no puede tener acogida, pues el señor fiscal general subrogante solo se limitó a exponer dogmáticamente que el dinero secuestrado era producto del negocio ilícito desbaratado, pues había un lapso de tiempo entre el allanamiento y ese acto privado, dando a entender que los humildes (los ‘nadie’ al decir del sentipensante escritor latinoamericano Galeano), no pueden guardar un poquito de dinero para una niña que iba a emprender su viaje de egresada”.

Carnero resolvió restituir el dinero secuestrado en el allanamiento que se realizó el 2 de septiembre de 2017 en la casa de los imputados, a la pareja de uno de ellos porque no tuvo ninguna relación con la causa; y a otro, puesto que se razonó que parte de aquella suma fue producida con la venta de un auto y se utilizó para pagar el viaje de egresados de la hija de aquel. La jueza, tras ordenar que se devolviera a la mujer el dinero que llevaba consigo cuando llegó a la casa donde se realizaba el allanamiento porque fue “ajena a este universo imputativo”, manifestó que “en el mismo sentido debe resolverse lo peticionado en la audiencia por PGB pues es razonable colegir que ese dinero era producto de la venta de un rodado conforme surge del boleto de compraventa obrante a fojas 278. Si bien es cierto que la documental acompañada es un instrumento privado, hasta el momento su capacidad probatoria no ha sido refutada”.

PGB y su hermano NCB fueron condenados a las penas de cuatro y tres años de prisión, respectivamente. Se los halló responsables del delito de Tenencia de estupefacientes para comercializar, en carácter de autor, el primero, y partícipe necesario, el segundo. Carnero resolvió homologar una parte del acuerdo de juicio abreviado que celebraron el fiscal y los defensores, Emmanuel Schroder y Sergio Pacher, que consistió en las penas de cuatro años y un mes de prisión, para NCB y de tres años para su hermano. La jueza declaró “cumplida” la pena de multa acordada en relación a NCB puesto que consideró que “transitó en prisión preventiva mucho más de lo que el momento convenido le hubiera correspondido” y tuvo presente la libertad condicional que se le concedió oportunamente.

En relación a la multa que se les aplicó a los hermanos, Carnero fundamentó que “…el estupefaciente secuestrado es exiguo, los imputados no pertenecen una organización dedicada al tráfico de drogas, pues no cuentan con capacidad operativa, técnica y/o económica. Por el contrario, se trata de trabajadores informales, sin bienes que hagan presumir un patrimonio conteste con una erogación económica importante”. En la sentencia se señaló que PGB “dirigía el curso de los sucesos delictivos, según el plan que él personalmente había elaborado, y NCB era un colaborador en el acondicionamiento de las dosis”.

En el acuerdo se precisaron “los indicadores” que determinaron el monto de la pena. Así, se señaló que “se extraen de las siguientes evidencias: 1º) las tareas de inteligencia y vigilancia en el domicilio habitado por ambos imputados; 2º) la tenencia de 19 gramos de marihuana y 7 de cocaína. 3º) recortes de bolsas de nylon que daban cuenta del fraccionamiento de la droga y 4) el hallazgo de una licuadora con restos de sustancia”.

La causa comenzó a partir de las diversas tareas de investigación e inteligencia realizadas por la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos en relación a un estado de sospecha relativo a un punto de venta de material estupefaciente. El 2 de septiembre de 2017 a las 22.12, en cumplimiento de oficio del Juzgado Federal, se irrumpió en una casa sita en calle Francia al 2000, en la que vivían los imputados.

El Diario

Aparecen en esta nota:

Comentá y expresate