La justicia federal investigará a exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri, a partir de una denunciapresentada por la Oficina Anticorrupción (OA) por "abuso de autoridad y violación de deberes" en el desempeño de sus cargos, tras el hallazgo este año de 600 mil dosis de vacunas vencidas en la Aduana Nacional.

La OA denunció hoy a los exministros de Salud de Cambiemos, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein; y a la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros exfuncionarios.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, tras el sorteo realizado en la Cámara Federal porteña, informaron a Télam fuentes judiciales.

El organismo vinculó en total a 13 exfuncionarios de las áreas responsables del manejo del plan de vacunación,entre ellas a Rubinstein, Stanley, Susana Devoto, Jorge Lemus y Andrés Scarzi.

La presentación se hizo por presunto "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público" tras encontrarse las dosis vencidas de la vacuna triple bacteriana que forma parte del Plan Nacional de Vacunación.

"Desde el dictado de la resolución por la cual se ordenó la adquisición de las vacunas hasta su despacho a plaza transcurrió casi un año, período de inactividad que resultó fatal ya que durante su transcurso expiraron los sensores de temperatura incorporados por el laboratorio productor y que resultan de extrema importancia para efectuar la correspondiente trazabilidad de las condiciones de alojamiento", concluyó la denuncia.

Luego de describir los procesos administrativos que realizó la gestión sanitaria de Macri vinculados con la vacuna, la Oficina consideró que "la caída de la tasa de distribución de la vacuna triple bacteriana acelular verificada en el año 2018, implicó una menor tasa de vacunación contra la coqueluche, la difteria y el tétanos, circunstancia que guardaría estrecha relación con el aumento de casos de dichas patologías durante el año siguiente".

El ente a cargo del exfiscal Félix Crous evaluó como probado que la anterior gestión omitió la distribución y aplicación en todo el territorio nacional de 600 mil dosis de la vacuna "dTap" (vacuna triple bacteriana acelular) y que, por lo tanto, es responsable de "no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere", delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal.

La adquisición del medicamento implicó para el Estado una erogación de más de 6.5 millones de dólares y por este motivo la denuncia la inició la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud.

Las dosis vencidas fueron descubiertas por Salud a fines de agosto pasado, en el frigorífico Oneto y Compañía, en Solís 1958, barrio porteño de Constitución.

"Son vacunas vencidas durante el gobierno anterior que no se habían distribuido a las provincias; nunca estuvieron a disposición de los argentinos", dijo en ese momento el ministro Ginés González García durante una recorrida por los depósitos.

El ministerio se enteró de la existencia de esas dosis cuando el frigorífico Oneto facturó al Estado sus servicios en concepto de "operador logístico" de los medicamentos.

"Nos llegó la factura por el estibaje de millones de vacunas compradas en 2015 y 2016 y vencidas durante el gobierno anterior", explicó entonces entre sorprendido e indignado el ministro de Salud.

Según la investigación de la OA, en septiembre de 2016, Lemus firmó la resolución que habilitaba al organismo a la compra de 600 mil dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio "Glaxo Smith" y otros.

Esas dosis debían aplicarse dentro del Calendario Nacional de Vacunación para proteger contra la difteria, tétanos y tos convulsa a mujeres gestantes y niños de 11 años.

Fuente: Télam

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