El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, en las causas Hotesur y Los Sauces, que habían sido elevadas a juicio oral hace tres años y cuyo proceso nunca se hizo.

La decisión la tomaron los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia y sostuvo que el planteo debía ser rechazado. El fiscal ante el tribunal, Diego Velasco, había dictaminado en contra del sobreseimiento y había pedido que se fijara una fecha para el juicio oral. El planteo de la vicepresidenta fue resuelto en menos de un mes, y cuando todavía había prueba pendiente para incorporar al expediente.

Este es el tercer sobreseimiento que recibió la vicepresidenta en menos de un año. A diferencia de las causas Dólar Futuro y Memorándum con Irán, que fueron cerradas por inexistencia de delito y por ser considerados hechos políticos y económicos no justiciables, los hechos que estaban bajo investigación en esta causa eran los negocios hoteleros de los Kirchner con empresarios amigos y contratistas del Estado, entre ellos Lázaro Baéz, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Eventualmente, esta decisión podrá ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala I de ese tribunal es la que interviene en el caso. Actualmente está integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. Pero su composición está sujeta a la votación de las autoridades de la Casación, que se hará el próximo mes.

Según informó La Nación, en esta causa, una de las que más preocupaba a la vicepresidenta, el rol de los organismos del Estado que eran querellantes se fue desdibujando. La Oficina Anticorrupción (OA) abandonó su rol de acusadora porque dijo que no tenía los recursos suficientes para seguir adelante y que bastaba con que la Unidad de Información Financiera (UIF) siguiera como querellante en la causa.

Pero la intervención de la UIF en la causa también perdió potencia. En la respuesta al planteo formulado por Cristina Kirchner, el organismo que hasta ahora era conducido por el abogado Carlos Cruz -y que pronto dirigirá un abogado cercano a Máximo Kirchner-, dijo que el delito de lavado de dinero requiere un delito precedente que tenga sentencia firme y sin manifestarse abiertamente a favor o en contra de sobreseer a los acusados, les pidió a los jueces del tribunal que tomaran una decisión.

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