Finalmente no hubo acuerdo entre Nación y Ciudad de Buenos Aires para encontrar un consenso al conflicto por la coparticipación. Ahora la discusión será definida por la Corte Suprema de Justicia. El encuentro dio inicio alrededor de las 11, cuando arribó el Jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel a la Casa Rosada.

Se trató de la sexta reunión de conversaciones, donde se intentó dar cierre al conflicto por la coparticipación, el mismo día en el que un grupo de 17 gobernadores emitieron un comunicado advirtiendo la injerencia de la Corte Suprema en el tema, donde expresaron su preocupación por no cumplir con las pautas del federalismo.

Al no lograr el acuerdo, ahora la Corte Suprema quedó habilitada para definir sobre la demanda que inició el Gobierno porteño, la cual contempla un reclamo que supera los $ 200.000 millones. El máximo tribunal toma como parte una deuda anterior por coparticipación de Nación a la Ciudad, entre 2020 y 2021.

Este punto fue el eje del reclamo de gobernadores alineados con el Gobierno nacional, quienes hoy emitieron un comunicado expresando su “profunda preocupación por la injerencia de la Corte Suprema en el federalismo”.

En ese pedido, la Ciudad exige el pago de una deuda de Nación de $ 98.000 millones entre 2020 y 2021, cuando le quitó recursos por coparticipación al gobierno porteño para asignárselos al bonaerense.

Durante las reuniones, los representantes del gobierno porteño fueron el jefe de Gabinete Felipe Miguel, Martín Mura, ministro de Hacienda, y Marcelo D' Alessandro, de Seguridad. Por el lado del Gobierno, hubo una delegación encabezada por Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior.

Por otra parte, el tiempo no es la única preocupación en este amrco, puesto que los cruces entre Nación y Ciudad tienen otro punto: un informe presentado por la Comisión Federal de Impuestos (CFI) fijó un monto por la transferencia de la policía a la Ciudad que va en contra de los deseos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Ese informe fue aprobado por 21 provincias, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, la abstención de Nación y la ausencia de Corrientes. A excepción de Nación, las tres jurisdicciones que no aprobaron o se ausentaron son de signo opositor.

Al proyectar esas cifras a la actualidad, el CFI estimó un impacto global de 43.000 millones de pesos. Los números de la Ciudad difieren ampliamente. Durante el año pasado, el gobierno de Rodríguez Larreta advirtió que dejó de percibir alrededor de 86.000 millones de pesos por los cambios en el cálculo de las transferencias por seguridad. Para 2022, estima que la caída de ingresos podría superar los 120.000 millones de pesos.

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