Con el objetivo de sostener la paz social y recuperar el poder adquisitivo de los salarios, Alberto Fernández restituirá en su gobierno la paritaria nacional a los docentes. Así lo confirmaron desde sus equipos técnicos en las últimas horas ante la expectativa creciente de los sindicatos de volver a negociar con las autoridades estatales el piso salarial de más de 1,2 millones de maestros a nivel nacional, una instancia que Mauricio Macri desactivó en enero del año pasado a través de un decreto respaldado por los gobernadores de varias provincias.

"No podemos decir cuándo, pero que vuelva la paritaria nacional docente es uno de los compromisos y en lo que cree el Frente de Todos", señalaron a iProfesional desde el entorno del presidente electo. Además de incluirlo en su plataforma electoral, el líder del Frente de Todos ratificó a principios de octubre en un acto junto al titular de la CTA, Hugo Yasky, que su gobierno iba a "dejar de pagarle a los usureros para que los maestros tengan un salario digno y que todos los trabajadores tengan su paritaria año a año".

Fernández ya se había mostrado favorable al pedido de los maestros en una reunión que mantuvo a mediados de septiembre con la titular de la principal central de docentes CTERA, Sonia Alesso, el líder del gremio de docentes bonaerenses Suteba, Roberto Baradel, y su par del sindicato trabajadores de la educación de la Ciudad (UTE), Eduardo López. Allí, el entonces candidato presidencial les recordó que él fue quien implementó la negociación colectiva de los maestros en en febrero de 2008, cuatro meses antes de renunciar al gobierno de Néstor Kirchner.

Ese esquema de discusión salarial se vio interrumpido por el decreto 52/2018 que modificó la Ley de Financiamiento aprobada en 2016 y, en reemplazo de la paritaria nacional, fijó un incremento automático del salario mínimo docente del 20% anual por encima del salario mínimo vital y móvil. Como el Gobierno anunció en agosto pasado una suba del 35% en tres cuotas de ese piso, el salario docente pasó a $20.050 en octubre, más de $14.000 por debajo de la canasta básica que en julio ascendía $34.784.

Uno de los efectos del DNU firmado por Macri fue una mayor descentralización de la paritaria docente nacional en las provincias, que son las que pagan el 85% de los salarios, y el debilitamiento del poder de los gremios educativos a nivel nacional. El decreto licuó en particular la representación de CTERA, que se vio reducida. De esa manera, Cambiemos cumplió con un reclamo de al menos 16 gobernadores que, en medio del ajuste fiscal y el congelamiento de fondos a las provincias, pidieron negociar salarios en sus distritos sin una paritaria nacional.

Negociación pendiente con las provincias

Si bien algunas provincias ahora respaldan la convocatoria a la paritaria nacional, Fernández todavía debe llegar a un acuerdo con aquellos que prefieren priorizar las finanzas locales.

"La paritaria, así como estuvo planteada en los últimos años en los que se utilizó, estaba desvirtuada y generaba una agenda política y económica a las provincias que son las que finalmente pagan los sueldos. Habría que escuchar cuál es la propuesta y analizar luego", señalaron fuentes oficiales del ministerio de Educación de Córdoba.

El distrito mediterráneo es uno de los seis en donde Macri obtuvo un resultado favorable durante las elecciones presidenciales en las que Fernández conquistó la presidencia con un 48% de los votos. Allí, al igual que en otras gobernaciones, aguardan que el exjefe de gabinete rediscuta la asignación de recursos a las provincias. Por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), congelado desde 2016 en la suma de $1.200 por cada maestro, y el Fondo Compensador, destinado a las seis provincias que hoy no llegan a alcanzar el piso salarial nacional.

La pelea por los recursos no es menor. Hay más de $1.500 millones en juego.

Pero además los gobernadores plantean ciertas condiciones: en primer lugar, que la discusión de ítems laborales cuente con la adhesión expresa de cada provincia, caso contrario no podrá ser vinculante a nivel territorial; en segundo orden, que la paritaria funcione entre septiembre y octubre, por lo que la próxima convocatoria recién sería según este esquema a fines de 2020; y, por último, que el eventual entendimiento con las autoridades nacionales no actúe como un factor de condicionamiento de las negociaciones a nivel provincial.

Ya en el 2017, el cordobés Juan Schiaretti y el salteño Juan Manuel Urtubey se pronunciaron en contra de la convocatoria a la paritaria nacional docente. Ahora, el que enfrenta mayores dificultades es el chubutense Mariano Arcioni. Después de 16 semanas de conflicto, la relación con con los docentes se volvió a tensar en los últimos días con la decisión del mandatario provincial de aplicar descuentos masivos a los huelguistas y la convocatoria en respuesta de los gremios a movilizarse a la legislatura en reclamo del pago de sueldos y haberes atrasados desde hace tres meses.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, se esperan tiempos de paz. Luego de protagonizar fuertes protestas en 2017 bajo la gestión de María Eugenia Vidal, ahora Baradel tiene previsto reunirse con los técnicos de Axel Kicillof, una vez que el gobernador electo defina su equipo en Educación. Los cuatro puntos que llevará a la mesa son: 1) la recuperación del poder adquisitivo, 2) la seguridad en las escuelas después de la explosión de una garrafa en una escuela de Moreno que mató a dos maestros en agosto del 2018, 3) la ampliación de los fondos a los comedores escolares y 4) los planes de formación y actualización docente.

Sin el mayor distrito del país en conflicto, la idea del presidente electo es integrar la discusión salarial de los maestros al pacto social, que por estas horas negocia con empresarios y sindicalistas. En esa línea, Yasky ratificó a iProfesional que "un congelamiento temporal de precios y salarios puede tener sentido si forma parte de una estrategia que tenga como motor reactivar la economía, desdolarizar las tarifas y bajarle el costo de financiamiento a las pymes". La condición de los gremios es la reinstalación de la paritaria nacional, algo que según la dirigencia sindical "no va a ser mañana", y la recuperación del poder adquisitivo.

Si bien el escenario es diferente en cada provincia, hay un denominador común: la suspensión de la paritaria nacional y la crisis económica determinó que desde diciembre de 2017 a julio de 2019 hubo una suba del salario de los docentes del 41% frente a una inflación del 84% -lo que implicó una pérdida real de poder adquisitivo de 24% en solo 19 meses- según los últimos datos difundidos por CTERA. Por otra parte, los sindicatos que acordaron cláusulas gatillo atadas a la inflación –como ocurrió en el distrito bonaerense- no quieren perder esas prerrogativas.

Otro de los puntos clave que deberá resolver Fernández es el de la inversión educativa. El gasto nacional en educación está destinado, sobre todo, a la educación superior (60%) y los fondos salariales (17%). Los años 2006, 2007, 2011 y 2015 —estos últimos tres, años de elecciones presidenciales— aparecen como los de mayor incremento real del gasto en Educación y Cultura a nivel nacional. Mientras que en 2008, 2012, 2014 y 2016 se registraron caídas reales, siendo el último año el que mayor disminución presenta (8%), según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

De acuerdo con otro trabajo del mismo think tank, la situación empeoró durante el macrismo. La caída en el financiamiento nacional fue del 9% en términos reales entre 2016 y 2018, mientras que la inversión provincial en esa área cayó 8% entre 2015 y 2016, se estancó entre 2016 y 2017, y se estima que retrocedió en 2018 por la caída real del salario docente, el 90% del presupuesto educativo provincial.

"La Ley de Educación Nacional (2006) estipula que la inversión en educación debe alcanzar el 6% del PBI. Esta meta solo logró cumplirse en 2015: no fue alcanzada antes ni se sostuvo después de esa fecha", sostiene CIPECC.

Fuente: iProfesional

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