jueves 28 de marzo de 2024
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Cierre norte eléctrico: Fiscalía de Estado contestó las observaciones de Contaduría

Luego de la respuesta oficial, se podrá continuar el proceso licitatorio de la obra para el norte entrerriano

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La Fiscalía de Estado emitió hoy el dictamen 480 en el que dio respuesta a las observaciones realizadas por la Contaduría General al procedimiento de licitación del arco eléctrico norte y el gasoducto del noreste. Este documento, que tiene carácter vinculante tanto para el Ejecutivo como para el organismo de control, reencausa el procedimiento y permitirá la continuidad del proceso licitatorio. El Gobierno espera que de esta manera también quede sin efecto la denuncia penal.

La objeción de la Contaduría apuntaba a siete irregularidades en el marco de la obra denominada “Cierre Norte Eléctrico”.

Una de estos señalamientos aludía a cuestiones formales referidas al decreto Nº 2916, el cual está basado en la normativa que impuso otro decreto anterior, el Nº 2776, fechado a principio de septiembre, pero que recién el 5 de noviembre fueron publicados en el Boletín Oficial.

El dictamen de Fiscalía de Estado emitido este martes 13 de noviembre, sobre este punto señala que “siendo el objeto de la contratación la ejecución de las obras ya detalladas en el expediente original, su estricto ajuste normativo queda comprendido en los términos del artículo 1º de la Ley de Obras Públicas. Ello, sin perjuicio de la previsión normativa contemplada en el artículo 26, inciso d), de la Ley de Administración Financiera, la que al establecer la iniciativa privada como metodología de contratación , refiere a la ‘ejecución de obras’, lo que habría sustentado normativamente el decreto Nº 2916/18 MPYIS”.

Y agrega que la “iniciativa privada no es en sí misma un contrato, sino una modalidad para dar inicio a un proceso que puede o no culminar en un contrato, y por lo tanto su utilización puede resultar compatible con los regímenes de contrato en particular ya sea la LOP u otros sistemas normativos.”

Otra observación señalada por Contaduría tenía que ver con el hecho de que el Poder Ejecutivo delegue vía decreto en la empresa eléctrica provincial ENERSA la realización de la obra, dado que la normativa provincial establece que este procedimiento sólo puede hacerse a través de una ley.

Sobre este aspecto, la contestación de Fiscalía sostuvo: “Entiendo que el legislador ha facultado al Poder Ejecutivo a delegar la ejecución de obras públicas en entes como ENERSA y CIA DE GAS DE LA PROVINCIA”.

“En efecto – continúa – el referido artículo 1º de la ley Nº 6351 prevé la realización de obras públicas ‘por intermedio’ de ‘reparticiones centralizadas o descentralizadas, autónomas o autárquicas, empresas estatales o mixtas, por concesiones a terceros o por entidades de bien público’”. Es decir que la “delegación” surge de interpretar la “literalidad” de la norma, concluye el texto al que accedió APF Digital.

La respuesta de Fiscalía también alcanza la observación relacionada a la falta de intervención de un organismo de control como el Tribunal de Cuentas desde el inicio del proceso licitatorio y en este sentido el organismo aclara que “si bien se encuentra normada la intervención desde el origen en contrataciones de alta significación económica, esta cláusula constitucional no resulta operativa” porque tal actuación no está reglamentada.

En contrapartida, la repartición que conduce Julio Rodriguez Signes sugiere que desde “esta instancia” el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia intervenga a fin de supervisar “la transparencia del proceso de contratación y ejecución de la obra” y deja de manifiesto la “invitación” para que eso suceda.

Con el mismo objetivo, propone la participación de la Comisión Bicameral - creada para el acueducto de capitales chinos - o de las universidades para el estudio de las propuestas.

Ahora bien, con este nuevo escenario que plantea el dictamen de la Fiscalía, la Contaduria deberá emitir un nuevo documento que debería contener la recepción de las correcciones y la determinación de levantar la suspensión del procedimiento, frenado desde el 29 de octubre.

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