El fiscal Ignacio Aramberry basó su pedido de prórroga de la medida restrictiva en que existe "riesgo de fuga" y "peligro de entorpecimiento de la causa" por parte del joven de 31 años. En su exposición, dio una serie de detalles sobre la investigación que sostienen su hipótesis al respecto.

Aramberry dijo que se incorporaron nuevas evidencias, como el hallazgo de los lentes de la víctima "con manchas de sangre y una patilla doblada". También destacó la coincidencia del ADN del imputado con las muestras genéticas tomadas del cuerpo de Riera.

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Además, que en el departamento que compartía la pareja en calle San Martín "se hallaron dos teléfonos celulares dañados y uno de ellos con la faltante del chip". Aramberry remarcó que Christe no tiene vínculos familiares fuertes en la provincia, más allá de los que guarda con su madre y su hijo. Tampoco un trabajo estable comprobable, aunque dijo haber trabajado en Santa Fe, de donde es oriundo.

El fiscal también indicó que el acusado posee una hermana que está radicada en Paraguay. En ese sentido, afirmó que estos argumentos "bastan para tener como una sospecha fuerte que el imputado puede dañar el proceso o los fines del proceso a través de estas posibilidades".

Por último, Aramberry aludió a la situación de violencia de género a la que era sometida la víctima, al conocimiento que tiene Christe de la mayoría de los declarantes en la causa y destacó que, muchos de los testigos, son mujeres, panorama que debe ser tenido en cuenta debido a los antecedentes violentos que se atribuyen al imputado.

Por su parte, la Querella -representada por la abogada Corina Beisel-, suscribió a los argumentos del Ministerio Público Fiscal y coincidió en el pedido de 60 días de prisión preventiva.

En tanto, los abogados defensores Franco Azziani Cánepa y Ladislao Uzín Olleros, habían solicitado la excarcelación y, de no ser ser concedida esa petición, insistieron en la posibilidad de que Christe cumpla la medida de restricción bajo la modalidad de arresto domiciliario, lo cual no fue tenido en cuenta.

El caso

Julieta tenía 24 años y era madre de un nene de 4. La madrugada del jueves 30 de abril fue hallada sin vida tras ser empujada del octavo piso de un edificio ubicado en Plaza de Mayo de la capital entrerriana, sobre calle San Martín.

Tras el hecho, Christe, su novio, fue en moto hasta la casa de su madre, una exjueza, y luego hasta la Jefatura Central de Policía, donde dijo que la persona que se había caído era su suegra.

La autopsia, sin embargo, constató "signos concretos de violencia previos al fallecimiento" de la víctima, por lo que se lo acusó de "homicidio agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género". Tras la imputación, declaró ante la Justicia que la caída "fue un accidente".

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