Sin elementos objetivos a la vista, y apurados por mejorar en las encuestas, el Gobierno nacional ha activado una carta que por el momento anunciaba pero que no mostraba: bajar la edad de punibilidad. Esta semana el ministro de Justicia, Germán Gravano, anunció que ya está listo el anteproyecto que viajará al Congreso, con el objeto de que menores de 14 años vayan a la cárcel por delitos "gravísimos" y de 15 por acciones "muy graves"

"El proyecto está terminado en su primera versión, después de un año y medio de trabajo y en los próximos 15 días habrá reuniones con los ministerios involucrados para terminar de ajustar detalles", señaló hace pocos días el titular de la cartera de Justicia, en diálogo con un medio amigo. Esos mismos medios que se empeñan en decir "Reforma del Sistema Penal Juvenil", un eufemismo porque en realidad lo único que se baja es la edad para ir preso. Lo demás no se toca. Pese a que sea cierto que sí se impone una verdadera reforma de ese sistema.

La medida no es casual: en Buenos Aires -la madre de las elecciones- los sondeos los lidera Cristina Kirchner, en su versión renovada con campaña duranbarbista e intentando "acercarse a la gente" -esto que sin dudas fue la mayor virtud de Cambiemos para llegar a donde llegó- y que el peronismo comprendió como necesario. El macrismo, apenas atrás, busca desactivar la imagen de la expresidenta. Más atrás Sergio Massa y Margarita Stolbizer buscan ser "la ancha avenida del medio". Y en la cola Florencio Randazzo ensaya argumentos para una candidatura sin muchos argumentos.

A los diarios operativos judiciales -causas sin muchas pruebas pero con mucha pantalla, imputaciones, procesamientos, pedidos de desafuero, desafueros simbólicos, sospechas y acusaciones- se suma ahora el plan de cabotaje: apuntar a la delincuencia juvenil, ésa que la clase media considera un mal necesario de corregir, pero sólo a través del castigo.

Por citar un ejemplo: en Entre Ríos menos del 1% de los delitos cometidos en total son llevados adelante por menores. Es decir, el número es ínfimo. La delincuencia juvenil en absoluto incide en el problema de manera global, de modo tal que bajar la edad de punibilidad no se presenta como una solución, en lo práctico. Pero sí en lo simbólico. Y la coyuntura y la necesidad de una victoria electoral reflota la iniciativa. Los datos los dio a conocer Pablo Barbiroto, defensor de pobres y menores en Paraná, uno de los que participó desde el principio de los debates promovidos por el Gobierno al respecto del tema. Y que, como la inmensa mayoría de los especialistas, sostuvo que no existen motivos para establecer los cambios.

Si bien desde que Cambiemos llegó a la Casa Rosada se viene hablando del tema, en enero de 2017 eran los propios asesores de Garavano los que negaban que la norma fuera discutida en la previa de la decisión, para no generar polémica. "Lo que queremos evitar es que el debate de la aprobación de la ley y el tratamiento en particular se haga en una época electoral porque sino es muy contradictorio" sostenía Martín Casares, subsecretario de Política Criminal.

Pero la urgencia no entiende de contradicciones, ni de datos, ni de respeto por las instituciones, ni de nada. Todo sea por conquistar al voto cautivo. Así que el andamiaje para elevar la ley ya está en camino. Tampoco interesa si se vota este año, o el que viene. Lo que interesa es el impacto: horas de noticieros, ríos de tinta y opinólogos hablando del tema a toda hora, para que la gente crea que existe realmente un mal que erradicar.

Si la norma se aprueba el próximo paso será mostrar sentencias. La Justicia, que no es independiente -nunca lo fue ni nunca lo será- deberá mostrar fallos ejemplares, que muestren cómo los resortes pueden condenar a cientos de menores a las rejas de un sistema penitenciario colapsado por donde se lo vea, que esconde en su interior la verdadera esencia del Estado burgués: confinar al aislamiento a los sectores más desfavorecidos, para garantizar los intereses de los que más tienen.

Y así, sin elementos, sin argumentos sólidos, sin más que el presunto clamor popular de que exista más "mano dura" serán los que menos tienen los que pagarán los platos rotos de no poder medir mejor en la previa electoral. Porque es más fácil encerrarlos que garantizarles derechos; porque es más fácil silenciarlos que escuchar sus problemas. Porque todo sea por levantar en las encuestas.

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