jueves 28 de marzo de 2024
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Ataques a trabajadores de educación y salud serán sancionados en Entre Ríos

El proyecto obtuvo media sanción en el Senado provincial. Las contravenciones en los ámbitos de la salud y la educación serán consideradas como faltas graves

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El Senado de Entre Ríos dio media sanción a los proyectos por los cuales se considerarán como faltas graves los ataques a que sufren trabajadores de educación y de la salud. Las situaciones de violencia en estos ámbitos serán consideradas contravenciones.

El Senador Angel Giano, como autor de la iniciativa junto a la Senadora Nancy Miranda, fue quien explicitó a los presentes los considerandos y fundamentos del proyecto que se estaba impulsando y que finalmente recibió la aprobación por unanimidad.

Las iniciativas pasaron ahora a Diputados. Se trata del Expediente 11.813, por el cual se incorpora a la Ley Nº 3815 -de contravenciones policiales- el Título "Contravenciones en establecimientos de salud", y del mismo modo con los ámbitos educativos.

Contravenciones en el ámbito de salud

Esta iniciativa de ley de los Senadores Giano y Miranda –a través de una reforma parcial a la Ley 3815 de Contravenciones Policiales-, incorpora un capítulo especial destinado a regimentar las contravenciones en el ámbito de los establecimientos de salud, que afectan el desempeño de los profesionales y/o trabajadores de la actividad.

Tal como lo explicara Giano, además de ser una realidad bastante conocida, “las contingencias que confluyen en los establecimientos de salud -públicos o privados- han generado una serie de situaciones disvaliosas y complicadas para el ejercicio de la actividad y profesión”. En ese sentido basta consultar “las estadísticas de denuncias policiales y actuaciones judiciales, donde son los profesionales médicos o enfermeros quienes resultan perjudicados por situaciones de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, mientras ejercen sus artes”, y esas situaciones “son el emergente, sin dudas de una conflictividad considerable, donde el Estado no puede ser omiso a la situación, y mucho menos cuando también se encuentran afectados sus propios empleados, como en el caso de los establecimientos públicos”.

Entre las afirmaciones se puso a consideración que, no sólo se perjudica a los trabajadores de la salud, sino “al desarrollo de uno de los principios básicos de la conformación de actividades del Estado, que es nada menos que el cuidado y atención de la salud de su población. Y en esto, va claramente la necesidad de proteger en todos sus órdenes a los operadores de dicho principio fundamental, como son los médicos y demás trabajadores de la salud”.

Contravenciones en el ámbito escolar

Esta otra iniciativa de Ley aprobada en la fecha, propuesta por Giano, Lucas Larrarte y Pablo Canali propone incorporar a la Ley Nº 3815 (de contravenciones policiales), el título "Contravenciones en el ámbito escolar". Con esa reforma parcial a la ley, se pondrá a resguardo la seguridad de quienes llevan adelante actividades relacionadas con el ámbito educativo, por parte de personas que intenten agredir, insultar y toda una serie de considerandos previstos, estableciendo una sanción.

En los fundamentos los legisladores señalan que “la cantidad de noticias, informaciones e inclusive actuaciones de índole administrativa en la cual se exponen situaciones de violencia en el ámbito educativo, en la persona de los padres o representantes legales de los alumnos ante los trabajadores de la educación, viene indicando una curvatura estadística alarmante. Agresiones verbales, insultos, faltas de respeto y escándalos de diferente monta se han observado en los diferentes establecimientos educativos tanto de gestión pública como privada. En ese sentido, el Estado no puede estar ausente, y es por ello que este proyecto de Ley apunta a reformar la ley de Contravenciones con vigencia en la Provincia de Entre Ríos”, aclaró Giano.

Cabe aclarar que los senadores al hablar de ‘protección de los trabajadores de la educación’, refieren tanto a docentes como no docentes, de situaciones que ocurran dentro del establecimiento educativo o en las inmediaciones del mismo, sean estos de gestión pública o privada; y cuando se habla de sanciones a los agresores, se estipula la intervención policial y judicial, a fin de garantizar estrictamente la integridad de los educadores.

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