El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció penalmente al exministro de Energía Juan José Aranguren por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

Lo acusa de pactar precios con las gasíferas, violando la ley que regula la industria del gas, para garantizarles un ingreso superior al que supuestamente hubiera surgido de la oferta y la demanda del mercado.

La denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a la que tuvo acceso Página12, se basa en la decisión intencional de violar la ley 24.076, regulatoria del gas, a fin de asegurarles a las empresas una ganancia ilegal en dólares por el término de dos años, ganancia que pagarían los usuarios en sus tarifas. El ex ministro de Energía había sido cuestionado al ser designado porque se había desempeñado como CEO de la filial argentina de la petrolera Shell. Durante su gestión abundaron las críticas por haber beneficiado a la compañía cuando todavía tenía acciones de esa empresa.

Junto con Aranguren están apuntados el exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, Marcos Porteau, y el ex directorio de Enargas. “Los exdirectores del Enargas incumplieron intencionalmente y con el mismo fin, sus obligaciones específicas como integrantes del ente regulador que también le impone la ley citada”, destaca el texto en referencia a la ley 24.076.

En la denuncia se solicita la fijación de una medida cautelar preventiva sobre el patrimonio de los denunciados de acuerdo al perjuicio económico sobre el fisco y los usuarios del servicio público de gas por redes que asciende, según detalla el documento, a 561 millones de dólares.

El interventor sostiene además que los funcionarios incurrieron en negociaciones incompatibles con la función pública porque “intervinieron en la fijación de un precio que debía surgir de una negociación privada, es decir de la libre interacción entre la oferta y la demanda”. El objetivo, siempre según la denuncia, sería asegurarles a las empresas ganancias en dólares por el término de dos años sin estar ajustadas a costos o variables previstas en la ley. La conducta que se les imputa es la de haber promovido un acuerdo entre las empresas gasíferas (productoras y distribuidoras) para imponer un precio en dólares (tipo de cambio variable) para la compraventa de gas por dos años, lo que iba a ser trasladado a tarifas y pagado por los usuarios.

La conducción de Enargas sostiene que mientras estuvo vigente la ley de Emergencia Económica Nº 25.561, entre 2002 y 2017, el precio del gas lo fijaba el Poder Ejecutivo Nacional, pero luego se acordaron precios en dólares “en franca violación del marco regulatorio del gas, 24.076, plenamente vigente a partir del 1 de enero de 2018 y que establece la desregulación del precio del gas, es decir la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras”. La denuncia dice que el gobierno de Mauricio Macri avaló ese acuerdo, llamado “bases y condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes”, y efectuó el traslado a tarifas en abril de 2018 en perjuicio de los usuarios.

“Mientras se pudo establecer el precio desde el gobierno nacional las ganancias de las productoras de gas estaban aseguradas, pero al abrirse el libre juego de la oferta y la demanda por la re entrada en vigencia de la ley 24.076 esas ganancias podían comprometerse y entonces se buscó la forma de pactar precios en dólares y trasladarlos a las tarifas”, dejaron trascender desde Enargas.

A su vez, remarca que el acuerdo contempló precios únicos por cuenca, algo que califica como inédito en la historia de la comercialización del gas mientras estuvo vigente la ley 24.076.

El Ente estimó en 168 millones de dólares el perjuicio a usuarios del servicio público de gas natural. El monto surge del incremento del precio del gas trasladado a tarifa a partir de abril de 2018, ya que el precio PIST ponderado vigente era de 2,96 dólares por millón de BTU –que debería haberse mantenido hasta septiembre– y pasó a ser 3,73 dólares.

Cuando en octubre del 2018 se produce una devaluación peso, el gobierno decide no trasladar a las tarifas el precio dolarizado por el rechazo que generó la iniciativa impulsada por el entonces secretario de Energía Javier Iguacel de hacerlo en 24 cuotas fijas que se incorporarían a la factura, pero, dice Bernal, se siguió reconociendo el precio en dólares de la tarifa.

El fiscal Guillermo Marijuán, octubre del 2018, denunció penalmente a Javier Iguacel por pretender pasar a tarifas las `compensaciones` a las empresas de gas por variación del tipo de cambio. Luego el Poder Ejecutivo decidió que fuera el Estado Nacional el encargado de absorber ese costo, estimado en unos 25.000 millones de pesos a pagar en 30 cuotas por parte del Gobierno, de las cuales finalmente solo se pagó una. La denuncia sostiene que “se abre ahora, entonces, un período de análisis por parte del gobierno sobre el destino o desconocimiento de esa deuda denunciada por ilegal por el actual Interventor del Enargas”, publicó Página12.

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