El Ministerio de Gobierno y el Consejo General de Educación -CGE- de Entre Ríos firmaron un convenio marco de colaboración para el control de las licencias del personal docente y no docente dependiente del Consejo. La medida despertó el rechazo de Agmer, gremio mayoritario, que aseguró que "la patronal está obligada a garantizar la prevención de la salud y la atención médica de sus trabajadores".

La Comisión Médica –que depende del Ministerio de Gobierno– será reorganizada porque “resulta insuficiente para cubrir todos los casos de licencia” de la provincia. Esto será luego del convenio marco de colaboración que firmaron el Ministerio de Gobierno y el CGE de colaboración para el control de las licencias del personal docente y no docente.

Para efectuar los controles se contratarán 30 agentes de salud, que estarán “abocados al control de licencias para los casos de inasistencia por razones de salud” del personal. Entre otros puntos, el decreto autorizó “la distribución territorial” de estos agentes de salud, con el objetivo de “evitar demoras en las citaciones para revisión”, publicó APF Digital.

Los 30 agentes se dispondrán de esta manera: cuatro en Paraná; tres en Concordia; dos en Gualeguaychú, Victoria y Villaguay; y uno en cada una de estas localidades: Colón, San José, Diamante, Federación, Chajarí, Federal, Feliciano, Gualeguay, Urdinarrain, Islas del Ibicuy, La Paz, Bovril, Nogoyá, San Salvador, Tala, Uruguay y Basavilbaso.

El convenio se aprobó a través del decreto Nº 426 del Ministerio de Gobierno, fechado el 21 de marzo pasado y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. Se trata de un “Convenio Marco de Colaboración para el control de licencias usufructuadas por el Personal Docente y No Docente del CGE”, que se aplica “por el término de 10 (diez) meses” contados a partir del 1º de marzo de 2019.

En los antecedentes del Convenio se menciona que el régimen vigente de control de licencias por enfermedad, se encuentra “colapsado” y que la demora en las citaciones para revisión “muchas veces supera ampliamente el plazo de la licencia solicitada”. Esto “genera conflictos con aquellas situaciones que luego no son reconocidas, tornando ineficiente el control de las mismas”.

También se indica que el CGE “es una de las estructuras de Gobierno con mayor número en su planta de personal” y por tanto registra “un elevado volumen de trámites inherentes a solicitudes de licencias, tanto de corto como de largo tratamiento”.

Esas licencias “repercuten en el normal funcionamiento de sistema educativo, por lo que deben extremarse los recaudos para conseguir un contralor eficiente y tempestivo y así regularizar las situaciones que se encuentran pendientes e imposibilitan al trabajador dependiente del CGE reincorporarse a su lugar de trabajo una vez concluida su licencia”.

Por eso se considera “prioritario reorganizar la estructura de la Comisión Médica, que hoy en día resulta insuficiente para cubrir todos los casos de licencia de la Provincia”. Con este propósito se justifica la incorporación de recursos humanos, “para que los mismos sean distribuidos en todo el territorio y así poder lograr un mejor control”.

La carga de datos efectuada por la Comisión Médica debe realizarse mediante el Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), por ser el procedimiento interno de carga de datos del personal dependiente del CGE.

En la cláusula primera del convenio se explicita su objetivo central: producir “un cambio de modalidad en lo que respecta al mecanismo de auditoría médica, para los casos de licencia por enfermedad de largo tratamiento, y evaluar un desarrollo integral diferente al llevado a cabo en la actualidad”.

Respuesta de Agmer

Según publica APF, el gremio docente recordó que desde diciembre del pasado año pasado viene participando con representantes del sindicato en la Comisión para la Prevención de la Salud Laboral Docente en el ámbito del CGE. Además, indicaron que los cambios efectuados "no son producto de acuerdos en la Comisión de Prevención para la Salud Laboral Docente".

"En dicho ámbito venimos sosteniendo las demandas históricas de nuestro sindicato sobre la salud laboral y la imprescindible prevención de enfermedades, las características del trabajo docente, las afecciones reconocidas de nuestro trabajo y aquellas que todavía no lo han sido, la responsabilidad de la ART y el Estado provincial sobre las condiciones de trabajo de las escuelas de la provincia y la salud de sus trabajadores y trabajadoras", expresaron.

En esta línea, agregaron: "Nuestra mirada sobre el trabajo docente y las condiciones escolares que producen afecciones en nuestros cuerpos y mentes, marca profundas diferencias con las miradas que proyectan culpas sobre los trabajadores, nos descargan las responsabilidades que no asume el Estado y las patronales en general y conceptualizan sobre nociones descontextualizadas como el mal llamado ‘ausentismo’, la negación de la carga de trabajo que contiene nuestro trabajo, sus espacios, tiempos, sentidos y condiciones".

"Sostenemos la mirada del contralor médico como derecho del trabajador de acceder al conocimiento sobre su propia salud, causales, consecuencias y los necesarios tratamientos médicos", expresaron, aunque plantearon: "La patronal está obligada a garantizar la prevención de la salud y la atención médica de sus trabajadores y es responsable sobre ello".

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