La resolución mediante la cual el juez federal Leandro Ríos dispuso el sobreseimiento del concejal Emanuel Gainza en la causa en la que se investigan un supuesto vínculo entre el gobierno local y el narcotráfico contiene un repaso por un informe que la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina elaboró en base al análisis de copiosa documentación y que revela la presunta existencia de graves irregularidades en el manejo de recursos municipales.

Los peritos sospechan que se desviaban fondos para financiar las actividades ilícitas que son materia de investigación en el expediente que mantiene procesados al intendente Sergio Varisco, a la funcionaria Griselda Bordeira y al concejal Pablo Hernández, los dos últimos cumpliendo prisión preventiva.

“Surgen graves, precisas y determinadas inconsistencias que corroboran la disponibilidad de fondos públicos”, aseguran los investigadores, antes de definir la existencia de “una caja de dinero de la cual sustraían o desviaban dinero público del circuito de control estatal en favor del organizador de la comercialización de estupefacientes”, en referencia a Daniel “Tavi” Celis.

En el programa televisivo Cuestión de FondoporCanal Nueve Litoralse dieron a conocer aspectos vinculados a contrataciones de publicidad, a manejos de cheques y a contrataciones de personal, entre otros puntos. Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, de la AFIP y del Tribunal de Cuentas para que tomen cartas en el asunto.

Esta semana se conoció una nueva resolución del juez federal Leandro Ríos en la causa denominada “narcomunicipio” y sorprendió el escaso tratamiento que se le dio en los medios periodísticos, más allá de que, entre otros puntos, firmó el sobreseimiento del concejal Emanuel Gainza (Cambiemos).

Sucede que lo saliente y medular de los argumentos del juez pasó, fundamentalmente, por los movimientos del municipio, donde se detectaron graves desprolijidades que dejaron muy mal parado a Varisco y a varios de sus funcionarios, como así también al Tribunal de Cuentas de la provincia, que nuevamente aparece en la escena en que pasan los elefantes blancos por las puertas del organismo de calle Andrés Pazos y parece que nadie los ve, más allá de algunos cambios que se produjeron en los últimos tiempos, pero está visto que no alcanzan, publica Análisis.

El mecanismo es definido en el texto como “una caja de dinero de la cual sustraían o desviaban dinero público del circuito de control estatal en favor del organizador de la comercialización de estupefacientes, lo que genera una vinculación al colectivo ilícito”, aseguran los peritos.

En un punto, se hace referencia a planillas correspondientes a la Unidad Municipal Nº 2 de Barrido y Limpieza. Se indica que no se registraban las firmas de los trabajadores y que sí consta allí “el detalle de los montos que el personal debía cobrar en efectivo junto con las retenciones o descuentos que debían hacerse en favor de Celis”.

Se pudo determinar la existencia de contratos totalmente simulados en los cuales no se realizaba prestación laboral alguna, pero cuya contraprestación económica era distribuida entre el prestanombre y Celis, como así también contratos o ingresos parcialmente simulados en los cuales el empleado o contratado efectivamente realizaba algunas labores, pero no cumplía con las tareas especiales, adicionales u horas extra que le eran liquidadas, las cuales eran entregadas a Celis”, se indica más adelante.

“Debe quedar claro que el dinero sustraído del Estado municipal mediante esta maniobra, no le pertenecía al trabajador, dado que nunca realizó las tareas que le eran liquidadas y que, además, le era retenido un porcentaje”, se indicó en la resolución, antes de advertir que Varisco y sus defensores mencionaron que en la municipalidad no se maneja ni usa dinero en efectivo pero, sin embargo, de los movimientos analizados surge que ingresaron, en efectivo, más de 2.200 millones de pesos en 10 meses, entre agosto de 2017 y mayo de 2018

En otro punto del informe, se hizo referencia específica a las contrataciones de publicidad. “Se ha podido comprobar que en Tesorería se encuentra instaurada una suerte de ingeniería financiera tendiente a liberar dinero en efectivo del erario público mediante la emisión de cheques que, en apariencia, corresponden a gastos de publicidad de la Municipalidad de Paraná, pero se corresponden con servicios inexistentes, prestadores ficticios o de dudosa procedencia”, se enumeró.

Se detectó un importe de 28,8 millones de pesos por ese concepto y un estudio posterior permitió determinar que muchos supuestos prestadores no cuentan con capacidad económica, no se encuentran inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o sus actividades no guardan relación alguna con los supuestos servicios prestados al gobierno local. Se pusieron como ejemplo los casos de jubilados, una profesora de inglés, un prestador que declara como actividad la venta de carne y una sala de velatorios que, además, es inexistente. El monto puesto en cuestión supera los 8 millones de pesos.

También se hallaron números de órdenes de pago duplicados que, según las planillas de “Consulta de Órdenes de Compras” pertenecerían a otros proveedores y bajo conceptos de pago que no resultan ser los de publicidad, se indicó.

En otro punto del informe se analizaron las modalidades de contratación del gobierno local. Se pudo determinar la existencia de personal efectivo, con contrato de servicios y bajo la modalidad de contrato de obra. En estos últimos se detectaron descuentos sindicales y las liquidaciones resultaron “llamativas” para los investigadores por cuanto los porcentajes de descuento con destino a los sindicatos se practican sobre haberes con carácter remunerativo.

También se advirtieron datos incompletos en los registros del Área de Recursos Humanos, ausencia de fotocopias de decretos de respaldo de los ingresos al municipio, carencia de certificados para el pago de salarios familiares y de constancias de CBU bancarias para las transferencias de haberes.

Más adelante, en un apartado titulado “autocheques”, los investigadores describieron que, del allanamiento practicado en la Tesorería Municipal, “surgieron planillas de egresos con detalles de pagos efectuados donde se hace mención a números de cheques y a otras planillas de cierre de cajas y bancos que son extremadamente confusas y poco claras, lo que imposibilita la adecuada revisión del dinero público”.

Un gasto puntual que para los peritos mereció “una mención aparte” es el registrado en concepto de publicidad para el prestador Multimedio Regional SRL. “El mismo no registra impuestos activos y en el período en cuestión se le habrían pagado 1.218.000 pesos”, marcaron.

Del análisis de cartulares enviados por el Banco de Entre Ríos los investigadores pudieron determinar que un cheque emitido por el municipio por 93.043 pesos fue endosado en favor de la “Mutual Modelo, tesorero Cristian Feltes, presidente Miguel Picazzo”. En ese punto, indicaron que “es dable señalar que el intendente Varisco y el secretario Legal y Técnico, Walter Rolandelli, y el presidente de la Mutual Modelo son investigados por negocios incompatibles con la función pública y fraude a la administración pública en una causa que tramita ante la justicia ordinaria de la provincia”.

Del informe referido se advierte la posible comisión de delitos de acción pública, encuadrables ­prima facie­ en los artículos 260 (malversación de fondos), 261 (peculado) o 174 inciso 5 (fraude al Estado municipal) por parte de personas que no tienen vinculación alguna con el financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes y por lo tanto concurren en forma real con el hecho aquí investigado, excediendo la competencia de este juzgado”, marcó el magistrado.

Ante los hechos descriptos, el juez Ríos marcó que “la competencia federal es limitada y de aplicación restrictiva” y dispuso el envío de copias de la resolución y del informe de la Policía Federal al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Anticorrupción “a los fines que estimen corresponder”.

Se les hizo saber a estos organismos que la documental secuestrada en los distintos allanamientos de la causa, en soporte papel e informático, más los informes remitidos por el Nuevo Banco de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná “se encuentran a disposición por el término de 10 días hábiles para la extracción de fotocopias o copias digitales en la sede del juzgado”.

A la vez, en razón de la existencia de personas designadas por decreto bajo la modalidad de contrato de obra “para tareas donde no se entrega una obra, no se emite factura de ley, no hay recibos de sueldo ni se generan aportes previsionales, como aquellas personas que han cobrado cheques en concepto de publicidad sin estar inscriptos ante AFIP o grandes cantidades de dinero que no se condicen con su categoría” también se dispuso la remisión de copias de la misma documentación a la AFIP “a los fines que estime corresponder”.

El informe contable de los hombres de la Policía Federal no puede pasar de largo, más allá de que se pueda estar o no de acuerdo en algunos pasajes del escrito de más de 130 páginas. Es demostrativo de las graves falencias en el manejo de dineros públicos del municipio. Se tiene que hacer cargo el Tribunal de Cuentas, pero también lo deberá profundizar la justicia entrerriana. Como para dejar bien determinado que las cosas no se pueden hacer al gusto y placer del funcionario o el gobernante, porque se trata de fondos públicos, aportados por los vecinos a través de sus impuestos. Y la gente muchas veces se cansa de tanta fiesta y festival.

Fuente: Análisis

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