La violencia contra las mujeres en el espacio público no fue contemplada por la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujeres, norma de aplicación obligatoria para todo el territorio de la República Argentina, vigente desde abril de 2009, dirigida a promover y garantizar a la mujer, en todos los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales, el derecho a una vida digna y libre de violencia.

Diez años después, en mayo de 2019, se sancionó la ley 27.501 incorporando a la ley 26.485 como una nueva modalidad, la violencia contra la mujer en el espacio público, más conocida como “acoso callejero”.

Esta manifestación de violencia ocurre cuando una o varias personas, sin vinculación con la víctima, en su rol de privilegio determinado por el sistema patriarcal, aborda o abordan a la mujer en el espacio público, vg.: calles, plazas, shoppings, cines, teatros o medios de transporte.

El acosador o los acosadores, mediante acciones físicas o verbales que consideran justificadas o aceptadas socialmente, someten a la mujer, sin su consentimiento, a comentarios sexuales, piropos, silbidos, gestos obscenos, grabaciones, fotografías, acorralamientos, manoseos o exhibición de partes íntimas.

Estas prácticas invaden la intimidad de la mujer y le impiden el goce del derecho a transitar libremente. Constituyen conductas que reproducen estereotipos que agravan la desigualdad entre géneros y se utiliza la cosificación como recurso para despojarla de su dignidad e integridad al considerarla un objeto sexual.

En esta situación, la mujer queda inmersa en un contexto intimidatorio que le provoca malestares psicológicos, se siente insegura, vulnerable, tiene miedo e inclusive, para repeler los actos de acoso, opta por modificar sus hábitos en torno a los recorridos habituales, sus medios de traslado o su forma de vestir.

La ley 27.501 define a la violencia en el espacio público como aquélla “…ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo”.

La norma, con el objetivo de armonizar esta modalidad de violencia con otros dispositivos de la ley 26.485 y dentro de las facultades que le confiere al Consejo Nacional de las Mujeres, dispuso implementar una línea telefónica gratuita articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales, destinada a dar contención, asesoramiento y asistencia a quienes la padecen, donde se incluye al acoso callejero.

Actualmente, el servicio telefónico gratuito que prevé la norma corresponde a la línea 144, donde la víctima es atendida por un equipo interdisciplinario con capacitación y especialización en perspectiva de género.

Asimismo, la ley 27.501 pone en cabeza del Consejo Nacional de las Mujeres la obligación de recopilar y sistematizar la información que se recabe con motivo de las denuncias. Tiene por objetivo elaborar estadísticas para la prevención y erradicación de las diversas modalidades de violencia contra las mujeres, aspecto sumamente relevante pues se inserta en el marco de los lineamientos básicos para las políticas estatales previstos en la ley 26.485 a los fines de diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a la prevención y al abordaje de situaciones de violencia contra la mujer.

En el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino vinculadas a la capacitación, formación y prevención en materia de género, el dispositivo legal, mediante un enfoque holístico de la problemática, ordena articular con el Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares y la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos y de la violencia contra las mujeres en el espacio público.

En tal sentido, la educación y la formación en género es una de las herramientas más útiles para tornar efectivas las garantías constitucionales, superar las dificultades que se generan a raíz de la carencia de una adecuada formación en perspectiva de género y en la lucha contra la violación de los Derechos Humanos Fundamentales de todas las personas, en especial de grupos tan vulnerables como las mujeres, las niñas o personas adolescentes y las comunidades en identidad de género.

La norma, en su último dispositivo, insta a las fuerzas policiales y de seguridad a actuar en protección de las mujeres cuando la violencia ocurre en el espacio público. Al respecto, el Estado argentino, que ha ratificado tratados internacionales e inclusive integran el Bloque Federal Constitucional (Cedaw) o vigentes en nuestro derecho interno con jerarquía supra legal ( Belém do Pará o Convenio 190 de la OIT), entre otras, asumió en materia de género, obligaciones específicas a nivel internacional que se concretan en el estándar denominado “Deber de Diligencia”, comprensivo de las obligaciones de asegurar, garantizar, promover, cumplir y reparar los daños causados. Su incumplimiento puede generar que se considere al Estado responsable por un hecho considerado internacionalmente ilícito, juzgado y condenado.

Por último, si bien la ley 27.501 no contempla sanciones, la víctima se encuentra facultada a reclamar daños y perjuicios por la vía del derecho común (art. 35 ley 26.485) y además, existen algunos antecedentes legislativos y jurisprudenciales de distintas jurisdicciones que sancionan estas conductas con multas económicas, trabajo comunitario, citación a juicio del imputado e inclusive en un caso, el acosador que revestía la calidad de funcionario público, previo sumario administrativo, fue declarado cesante.

En síntesis, la ley 27.501 visibiliza una forma de violencia que afecta a las mujeres en forma recurrente, facilita la comprensión de una nueva realidad y la intervención estatal para modificar patrones socio culturales que sostienen las desigualdades entre géneros.

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