El 3 de marzo la jueza de Garantías N°1 Marina Barbagelata resolverá si remite a juicio la causa contra dos policías acusados de abusar de dos menores de 13 y 15 años. El legajo comenzó con siete policías imputados. Dos fueron sobreseídos en la IPP y tres resolvieron su situación en trámites abreviados, acusado de omitir actuar ante un delito en flagrancia. La causa se complejiza porque Fiscalía acusó a uno, sin la denuncia de la supuesta víctima, quien en Cámara Gessel negó ser abusada. El viernes ratificó en sede judicial que no quiere realizar ninguna denuncia.

Fuentes judiciales informaron a El Diario que una adolescente de 15 años que supuestamente fue víctima de abuso sexual con acceso carnal en la causa conocida como abusos en el ex Ferrocarril en Paraná, donde opera la Sección Guardia y Seguridad de la Policía de Entre Ríos, ratificó el viernes 14 en sede judicial, que no quiere realizar ninguna denuncia por los hechos que se atribuyen a un funcionario de aquel área.

Cuestionamiento

El dato no es menor en una causa que comenzó a sustanciarse contra siete efectivos acusados de abusar de dos menores que se retiraron sin autorización de la residencia Mujercitas, dependiente del Copnaf, por lo que pendía sobre ellas un pedido de localización.

Dos quedaron desvinculados de la causa durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP), tres dirimieron su situación en juicios abreviados por «no haber actuado conforme su rol frente a presenciar el abuso sexual simple al que estaba siendo sometida la joven de 13 años por un funcionario policial, y no asegurarse del cese de tal abuso sexual simple, y la aprehensión de su autor».

Los otros dos continuaron sometidos al proceso y se espera la decisión de la jueza de Garantías N°1 Marina Barbagelata, respecto del pedido de remisión de la causa a juicio. La decisión se conocerá el martes 3 de marzo.

Nulidad

En la audiencia que se realizó el martes 4 de febrero, Barbagelata hizo lugar parcialmente al pedido de la defensa del cabo Samuel Enrique Morel, que instó la nulidad las actuaciones porque no había denuncia del hecho por parte de la supuesta víctima ni de sus responsables, y subsidiariamente solicitó el sobreseimiento, publicó El Diario.

Aquel día, la jueza le dio la razón a la defensa en cuanto entendió que no estaba instada la acción penal, no obstante, le ordenó a Fiscalía, en una decisión que la defensa cuestionó entendiendo que ya estaba clausurada la etapa de producción de prueba, que citara a la menor para que manifestara qué postura iba a tomar en la causa. Las fuentes consultadas precisaron que la chica concurrió el viernes 14 y manifestó que «no quiere denunciar nada».

Beneficio

La causa comenzó a sustanciarse por la denuncia que presentó en julio de 2016 la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 8 por el presunto delito de Abuso sexual con acceso carnal agravado. Se trató de dos hechos ocurridos durante la madrugada del 5 de julio de 2016: En el primero, el abuso sexual contra la chica de 13 años que se atribuye al policía Ezequiel Alejandro García, y el segundo, haber falseado el libro de guardia especia para beneficiar la situación de sus colegas, que se endilgó a los tres que resolvieron su situación en un juicio abreviado. Posteriormente, según precisaron fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal (MPF) intervino en la causa de oficio e imputó a Morel por el abuso sexual de la menor de 15 años.

Abuso

Fuentes allegadas a la causa manifestaron su perplejidad ante el accionar del MPF, deslizando que se podría estar ante una situación de abuso de poder. Sustentaría aquella opinión que la menor manifestó que no fue abusada y no realizó en el momento oportuno, por sí o por medio de sus responsables legales, la correspondiente denuncia.

En sentido contrario, otras fuentes consultadas indicaron que la acción iniciada por Fiscalía era pertinente puesto que se investiga la responsabilidad de funcionarios públicos en un delito grave supuestamente cometido contra menores y que las presuntas víctimas viven en situación de evidente vulnerabilidad y presentar una denuncia contra una fuerza de seguridad del Estado podría generarles temor.

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