El aborto seguro, legal y gratuito será ley en Argentina. No en 2018, tal vez -casi seguro- tampoco en 2019, pero sí en un futuro no muy lejano. El debate en el Congreso, su media sanción en la Cámara de Diputados y su posterior baja en la Cámara de Senadores dejó como resultado algunas conclusiones indiscutibles: es una práctica que existe, que se ejerce en la clandestinidad, que mata mujeres, que se presenta como una problemática de salud pública -que hoy mismo le insume al Estado una cifra millonaria- que hay que combatir pero que debe ser asumida por el gobierno de turno para poder evitarla, y que moviliza a cientos de miles de personas. Una práctica centenaria, que además ya fue asumida en cientos de países, con grandes resultados.

Y para respaldar esto nada mejor que los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. En 2014, último año relevado en este punto, hubo en Argentina más de 47 mil hopitalizaciones por abortos complicados, de los cuales el 70% fueron realizados de manera insegura. En 2016, por otro lado, hubo 245 muertes maternas, 43 de ellas consecuencia de abortos, en su inmensa mayoría -31- inducidos-. Con una ley esos números se desplomarían, calculando como máximo tres muertes, con ejemplos cercanos que dan cuenta de que, incluso, puede desaparecer: en Uruguay, desde 2012, año que se legalizó el aborto, no ha muerto una sola mujer por la práctica.

Uno de los argumentos más escuchados en contra de la norma fueron los presuntos inmensos costos que acarrearía para la salud pública el hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo -IVE- se ejerza en hospitales públicos. Gravísimo desconocimiento de la realidad. En la actualidad el aborto clandestino le insume al Estado más de 4 mil millones de pesos, dado que miles de mujeres deben ser intervenidas por las consecuencias de la práctica en la ilegalidad. Con una ley de IVE ese número bajaría drásticamente: 678 millones de pesos, es decir, 3.400 millones de pesos menos que en la actualidad. Eso traería aparejado una caída drástica de hospitalizaciones: de 70 mil a poco más de 1400 -un 98%-. En definitiva, en un país donde el argumento es que el Estado "gasta mucho", el aborto legal hubiera implicado ahorro de fondos, de insumo medicinales, de camas en hospitales y de cobertura profesional.

En los países donde el aborto es una práctica segura, asumida por el Estado y con acompañamiento profesional, los resultados son incontrastables: no sólo se han desplomado las muertes, sino que las cantidades de abortos han disminuido fuertemente. Por el contrario, en los Estados restrictivos, como Argentina, los decesos son altos y la inseguridad es una constante.

El aborto será ley. Mas temprano que tarde, las mujeres de nuestro país contarán con un derecho que les fue negado institucionalmente, por senadores que no siguieron en absoluto un correlato con la realidad, sino que apelaron al oscurantismo, a las creencias personales, al modelo patriarcal de mujer, con sus roles asignados y su "maternidad" como estandarte. Que fueron apoyados por los sectores más conservadores y corporativos del país, como la Iglesia Católica y ciertos círculos médicos, que además ven peligrar sus beneficios económicos con la ampliación de derechos. La jerarquía eclesiástica sabe que esto es el paso previo a la separación del Estado de la Iglesia; y la comunidad médica que se manifestó "a favor de la vida" es la misma que practica abortos a jóvenes de clase media en clínicas privadas, generando un círculo clandestino que mueve millones. Tan o más clandestino que el propio aborto, al que las pobres no pueden acceder en esas condiciones, y por eso mueren.

Pero las sociedades progresan. El futuro es imparable. Y la marea verde que movilizó a millones de mujeres a pelear por su derecho frente al Congreso no se va a detener. El aborto como práctica segura y gratuita será ley. Y ahí sí podremos decir que Argentina es un país que está a favor de la vida.

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