Después de la presentación del Presupuesto 2025 con sus principales cuadros técnicos, el Gobierno avanzará en la suma de consensos desde las provincias que le permitan sancionar el proyecto en el Congreso antes de fin de año. También se medirán alianzas en el tratamiento de la reforma sindical, mientras que el Senado puede determinar una modificación sustancial al Código Penal.
El Congreso cambió su composición esta semana. Por el lamentable fallecimiento del diputado fueguino Héctor Stefani (PRO), asumirá el hasta entonces concejal de Ushuaia, Ricardo Garramuño, y se presume que se sumará al bloque de Encuentro Federal (liderado por Miguel Pichetto), lo que implicaría una reformulación en la composición de las bancas. Días antes, ocurrió otra baja pero en el Senado: el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) asumió como ministro de Producción y Desarrollo Económico de su provincia, y fue reemplazado por Ayrton Ulrich, referente de la Juventud Radical.
Este martes, el debate por el Presupuesto 2025 pasará a la instancia de plenario de comisiones y contará con la presencia de Patricia Bullrich, quien explicará el detalle de la inversión en seguridad, uno de los apartados que el Gobierno remarcó como prioritarios. Las invitaciones vienen siendo uno de los motivos de disputa en las reuniones de debate. El peronismo insiste con la necesidad de que participe Luis Caputo. Su reclamo se extendió en los bloques provincialistas, que piden por la presencia de miembros del Consejo Interuniversitario Nacional y de los gobernadores de provincias claves: Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Casa Rosada sabe que sin el apoyo de los gobernadores no tiene ley posible. También conoce sus demandas. “Estamos peleando por la obra pública comprometida, la mayoría ya iniciada y parada actualmente, y por la deuda con la Caja de Jubilaciones: Nación debe $540.000 millones de pesos en ese concepto, parte de la gestión anterior que mensualmente enviaba algo; Milei cortó los envíos comprometidos por ley a cero”, le responden a Ámbito desde Córdoba, pero el textual podría haber provenido del resto de las provincias donde la situación es similar, cuando no idéntica.
En declaraciones públicas, el Gobierno le sigue sumando peso a las provincias, ya que le demandan la necesidad de un ajuste fiscal e insinúan la delegación de la gestión educativa y sanitaria en sus distritos. Sin embargo, en las mesas de negociación tendrán que ceder. “Les gusta jugar a la política y en la reunión con los gobernadores se estuvieron pidiendo obras para incluir en el listado de las que se van a terminar de ejecutar”, señaló un miembro de Innovación Federal a este medio.
